El Gobierno de Abelardo de la Espriella estudia incluir en el Estatuto Antiterrorista una restricción a los pagos en efectivo para transacciones de alto valor, como la compra de apartamentos, vehículos y lotes, según confirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo. La medida, que aún está en fase de evaluación sin fecha definida de presentación al Congreso, busca rastrear el origen de los recursos y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, al obligar a compradores y vendedores a utilizar canales financieros que dejen un rastro claro del pagador y el receptor.
El sector financiero colombiano ha respaldado la iniciativa. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, celebró a través de su cuenta en la red social X que el Gobierno evalúe esta limitación como parte del Estatuto Antiterrorista. “La compra de apartamentos, carros y lotes debe contar con mecanismos que permitan rastrear el origen de los recursos. Seguir la ruta del dinero es fundamental para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, afirmó Malagón. El proyecto, que el Ejecutivo presentará al Congreso, también contempla el congelamiento de activos y otras medidas contra economías ilegales.
Montos y bienes bajo la lupa
La restricción no se aplicaría a todas las compras, sino que dependerá de los montos, los bienes afectados y las excepciones que determinen los legisladores. Como ejemplo, una transacción inmobiliaria de 300 millones de pesos o la adquisición de un vehículo por 100 millones de pesos en efectivo estarían en la mira. Christian Quiñonez, CEO de Clevertax Assessment, cuestionó la lógica de manejar sumas tan elevadas en efectivo en la actualidad: “¿Cuál es la intención de manejar todo ese dinero hoy en día y no bancarizarlo?”. La medida implicaría que quienes manejan ingresos en efectivo enfrenten exigencias adicionales para justificar sus fondos.
Actualmente, el Estatuto Tributario colombiano ya impone restricciones al efectivo. Según el artículo 171-2, el tope anual para pagos en efectivo es de 100 UVT, equivalente a 5.237.400 pesos, y las empresas no pueden realizar más del 30 por ciento de sus costos anuales en efectivo. La nueva propuesta ampliaría estas limitaciones a transacciones de alto valor, apoyándose en bases legales internacionales como las Convenciones de Palermo y Mérida, y la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, que, sin prohibir el efectivo, sustentan la trazabilidad financiera.
Opinión de expertos y desafíos legales
El exdirector del CTI, Julián Quintana, consideró que el Estado puede establecer estas exigencias mediante una ley con reglas claras y proporcionales. “Su legitimidad dependerá de que precise los bienes y montos afectados, garantice alternativas accesibles de pago y respete los derechos ciudadanos”, señaló Quintana. Sin embargo, advierte que una transferencia bancaria no certifica por sí misma el origen lícito de los recursos, sino que solo facilita la trazabilidad para las autoridades. El proyecto, que aún no tiene fecha de radicación, se perfila como una herramienta clave contra las economías ilegales, aunque enfrenta el reto de equilibrar el control financiero con las libertades ciudadanas.
