El Dane reveló que el 54,8% de los ocupados en Colombia trabajaba en la informalidad durante el trimestre móvil junio-agosto de 2026, lo que implica que más de la mitad de los trabajadores no accede a seguridad social, salud ni pensión. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que publicó el boletín técnico con las cifras, indicó que la proporción representa una leve reducción de 0,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, cuando la informalidad se ubicó en 55,2%. El dato también muestra una caída acumulada de 4,9 puntos desde junio-agosto de 2021, cuando el indicador nacional fue de 59,7%, lo que evidencia que, pese a los avances, el fenómeno persiste como un problema estructural del mercado laboral colombiano.
La medición, que utiliza el trimestre móvil como referencia y contempla cortes territoriales, por sexo, tamaño de empresa y población campesina, arrojó diferencias profundas entre las zonas urbanas y rurales del país. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas la informalidad llegó a 40,7%, mientras que en las 23 ciudades y áreas metropolitanas el promedio fue de 42,0%. El contraste es mucho más marcado en los centros poblados y zonas rurales dispersas, donde el indicador alcanzó 83,1%, más del doble que en las principales capitales. Esto significa que, en el campo colombiano, tener un trabajo no garantiza estabilidad ni protección social, ya que la mayoría de los ocupados carece de afiliación a los sistemas de salud y pensión.
Ciudades con mayor y menor informalidad
El informe del Dane también detalló el comportamiento de la informalidad por ciudades, con Sincelejo como el extremo superior al registrar 65,4% de ocupados informales en el trimestre junio-agosto de 2026. En el lado opuesto se ubicó Bogotá D.C., con 34,1%, la cifra más baja entre las 23 urbes analizadas. El patrón, según el boletín técnico, replica una tendencia similar a la observada en el mismo periodo de 2025, lo que sugiere que las brechas territoriales se mantienen casi intactas año tras año.
Brechas por sexo y tamaño de empresa
La informalidad también golpea de manera desigual a hombres y mujeres. A nivel nacional, el 57,1% de los hombres ocupados se encontraba en la informalidad, frente al 51,7% de las mujeres. Sin embargo, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas la relación se invierte levemente: 41,8% de los hombres ocupados y 39,5% de las mujeres. Por tamaño de empresa, el fenómeno es abrumador en las microempresas, donde el 85,1% de los ocupados trabaja sin seguridad social, mientras que en las pequeñas empresas la cifra cae a 19,0%, en las medianas a 5,4% y en las grandes a apenas 2,5%.
Población campesina y desempleo
El boletín del Dane dedicó un apartado especial a la población campesina, definida como las personas de 15 años o más que viven en zonas rurales dispersas y centros poblados. En total, ese grupo alcanzó 11,89 millones de personas, con una tasa de ocupación de 56,5% y una tasa de desocupación de 7,2%. Dentro de este segmento persiste una brecha de género profunda: mientras el 73,9% de los hombres campesinos estaba ocupado y el 4,9% desocupado, entre las mujeres la ocupación fue de apenas 38,5% y la desocupación llegó a 11,3%. La actividad de los campesinos ocupados se concentra en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que representa el 39,1% de sus ocupaciones, seguida del comercio con 12,6%.
Por fuera del mundo rural, el informe también registró que, a nivel nacional, la tasa de ocupación de los hombres fue de 70,9%, frente a 47,6% de las mujeres. En cuanto a las personas desempleadas, el Dane contabilizó 1,19 millones de mujeres sin trabajo frente a 1,05 millones de hombres, lo que confirma que la desocupación femenina sigue siendo más alta en términos absolutos. El contexto general de la medición incluye además un dato relevante: la Reforma Laboral de 2025 no dispuso artículos para atacar la informalidad, según la nota de crédito del informe. A ello se suma que el empleo juvenil perdió ocupados entre junio y agosto de 2026, un signo de alerta que el boletín menciona aunque no detalla las cifras de ese segmento. La persistencia de la informalidad, especialmente en el campo y en las microempresas, deja en evidencia que los avances en materia de empleo no se traducen necesariamente en acceso real a la protección social para la mayoría de los trabajadores colombianos.
