En una decisión adoptada el 14 de octubre, la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes designó a seis congresistas como ponentes del proyecto de ley 433 de 2026, que busca establecer la ruta jurídica para el sometimiento a la justicia de integrantes de grupos armados organizados. La Mesa Directiva de la célula legislativa, mediante oficio de la Secretaría y con constancia en el Acta número 15, encargó a los representantes Hernán Darío Cadavid Márquez y Fabio Raúl Amín Saleme la coordinación de la ponencia, quienes tendrán un plazo de cinco días para presentar el informe que servirá de base para el primer debate. La iniciativa, radicada el martes 13 de octubre por los ministros del Interior y de Justicia, fue recibida formalmente por la Comisión al día siguiente, un día antes de la designación de los ponentes.
El articulado, publicado en la Gaceta del Congreso número 1516 de 2026, contiene 22 artículos distribuidos en 17 páginas y modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, norma que ha sido el fundamento de las políticas de paz y orden público en Colombia. El Gobierno anunció mensaje de urgencia para la tramitación del proyecto y busca que las Comisiones Primeras de Senado y Cámara estudien conjuntamente el texto, que plantea beneficios judiciales sin otorgar reconocimiento político a las organizaciones criminales, un punto que distancia esta iniciativa del enfoque de la denominada «Paz Total» impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, según advierte el texto original.
Beneficios y condiciones para el sometimiento
El proyecto contempla rebajas de pena de hasta el 50 por ciento para determinados integrantes de organizaciones armadas que se acojan al sometimiento, aunque establece un tope máximo del 30 por ciento para los cabecillas, cuyas condenas no podrán ser inferiores a diez años. La regla general para acceder a la libertad condicional exige el cumplimiento de las cuatro quintas partes de la condena, con el aval de las víctimas en cada caso, mientras que quienes contribuyan de manera efectiva a la búsqueda de personas desaparecidas podrían obtener ese beneficio tras cumplir solo dos quintas partes de la pena. El articulado también incluye descuentos adicionales: un día de reducción por cada dos días de trabajo, o un día por jornada dedicada a programas restaurativos, erradicación de cultivos ilícitos o labores de desminado, siempre vinculados al esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento de las estructuras criminales.
Una de las disposiciones más relevantes permite suspender la ejecución de las condenas un año después de su imposición para personas que no sean cabecillas y que hayan sido condenadas exclusivamente por delitos como concierto para delinquir, uso ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos de comunicación o porte ilegal de armas. El beneficio también aplica para quienes enfrenten procesos por lavado de activos, testaferrato o enriquecimiento ilícito, siempre que entreguen los bienes obtenidos de manera ilegal. El cumplimiento de las penas, según el articulado, se realizaría en centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas y cárceles productivas, un modelo que busca integrar la sanción con actividades que aporten a la reconstrucción del tejido social.
Con la designación de los ponentes, el proyecto inicia formalmente la preparación del informe para el primer debate en la Cámara de Representantes, un paso crucial para materializar la ruta jurídica que permita a integrantes de grupos armados organizados acogerse a la justicia ordinaria. La expectativa se centra ahora en el contenido del informe de ponencia que deberán presentar los seis congresistas en los próximos días, así como en la dinámica que imprimirá el mensaje de urgencia anunciado por el Gobierno en el trámite legislativo. El texto original del proyecto, que según la fuente fue presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella aunque también hace referencia comparativa a la administración Petro, deja ver una tensión política que marcará el debate en el Congreso sobre cómo abordar el sometimiento de las estructuras armadas ilegales en el país.
