El Consejo Gremial Nacional, presidido por Camilo Sánchez Ortega, expresó su respaldo público a la Directiva Presidencial 06 de 2026, expedida por el Gobierno Nacional el pasado 14 de octubre, una norma que fija nuevos lineamientos para fortalecer la coordinación entre las entidades públicas en los procesos de consulta previa. En su pronunciamiento, el gremio que agrupa a los principales sectores productivos del país valoró la directiva como una herramienta clave para ordenar el intercambio de información y hacer más previsible un trámite que ha sido históricamente complejo, al tiempo que pidió compatibilizar los derechos de las comunidades étnicas con la ejecución de proyectos estratégicos.
La posición del Consejo Gremial parte de una premisa central: la protección de los derechos de las comunidades étnicas y el desarrollo sostenible no son objetivos contrapuestos. En su comunicado, la organización insistió en que el debate no debe plantearse como una elección entre desarrollo económico y derechos de las comunidades, y subrayó que corresponde al Estado hacer compatibles esos propósitos mediante decisiones oportunas, motivadas y respetuosas del ordenamiento jurídico. El gremio reconoció que persisten dificultades en los procesos de consulta previa y advirtió que la implementación de la nueva directiva debe respetar las competencias de cada entidad y las garantías de participación de las comunidades, sin reducir este mecanismo a una simple etapa formal.
Una directiva para ordenar la gestión institucional
La Directiva Presidencial 06 de 2026 busca ordenar la actuación de las entidades públicas involucradas en los procesos de consulta previa, mejorando la coordinación y el intercambio de información entre las distintas instancias del Estado. Según el Consejo Gremial, estos lineamientos pueden contribuir a una gestión más eficiente, transparente y previsible de los trámites, un aspecto que resulta fundamental para dar seguridad jurídica tanto a las comunidades como a los inversionistas. Sin embargo, el gremio también fue enfático al señalar que el alcance práctico de la medida dependerá de su aplicación por parte de las instituciones responsables.
«Estos propósitos no son contrapuestos: corresponde al Estado hacerlos compatibles mediante decisiones oportunas, motivadas y respetuosas del ordenamiento jurídico»
Consejo Gremial Nacional
«El debate no debe plantearse como una elección entre desarrollo económico y derechos de las comunidades étnicas»
Consejo Gremial Nacional
La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas cuando una decisión, proyecto o medida puede afectarlas directamente, y su protección constituye una obligación ineludible del Estado. Para el Consejo Gremial, los nuevos lineamientos representan una oportunidad para armonizar esa garantía constitucional con los objetivos de desarrollo del país, como la ejecución de proyectos estratégicos y la generación de empleo. En ese sentido, la organización manifestó su disposición a participar y aportar en la implementación de la directiva, y dejó claro que el éxito de esta dependerá de que las autoridades logren traducir los principios de coordinación y previsibilidad en decisiones concretas que beneficien tanto a las comunidades como al tejido productivo nacional.
