El Museo Nacional de Colombia se convirtió en el centro de una fuerte controversia política y cultural tras conocerse que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes retiró al menos treinta piezas de tres salas de exhibición, entre ellas objetos relacionados con la comunidad LGBTI, el feminismo, la Unión Patriótica, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016. La denuncia pública fue realizada el jueves 15 de octubre de 2026 por la activista Marcela Sánchez, de Colombia Diversa, y al día siguiente, el viernes 16 de octubre, la ministra de las Culturas, Paola Holguín, respondió justificando la medida al argumentar que el Museo no debe ser un espacio de «adoctrinamiento político».
La orden, según lo revelado, provino directamente del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien durante una visita a la sede del Ministerio instruyó eliminar lo que calificó como «apología al terrorismo». La ejecución de la orden estuvo a cargo del secretario general del Ministerio, Julián Sterling, junto con la directora encargada del Museo Nacional, Katia González, quienes seleccionaron las piezas a retirar. El gobierno considera que la exhibición de figuras vinculadas con organizaciones armadas constituye una apología al delito y una revictimización, por lo que el presidente fue enfático al señalar que «aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara».
Las salas afectadas y las piezas retiradas
La sala ‘Hacer Sociedad’, cuyo guion curatorial fue revisado en 2019 bajo el gobierno de Iván Duque con la participación de cuatro comités curatoriales, fue una de las más afectadas, con al menos diez objetos retirados que evidenciaban procesos de organización, convivencia, resistencia y reivindicación social y política en Colombia. Entre las piezas removidas se encuentran la bandera del orgullo de la activista Elizabeth Castillo, la campaña de la marcha LGBTI de 2006, un impreso de la Fundación Sí Mujer sobre derechos reproductivos, una fotografía de Humberto Rincón Perfetti y una edición de La Ventana Gay. También fueron retirados el afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado el 22 de marzo de 1990, el afiche de Carlos Pizarro Leongómez, asesinado el 26 de abril de 1990, y un brazalete de la Alianza Democrática M-19.
La sala ‘Memoria y Nación’, ubicada frente a ‘Hacer Sociedad’, también resultó afectada, pues se desmontaron imágenes del muro de la diversidad. De manera adicional, el retiro incluyó el balígrafo, la pluma hecha de una bala con la que se firmó el Acuerdo de Paz de 2016, así como el tarjetón de la Séptima Papeleta, un objeto simbólico clave en la historia constitucional del país. Fuentes del Museo consultadas bajo reserva indicaron que las modificaciones a la museografía debían ser analizadas por las instancias curatoriales correspondientes, lo que ha generado malestar entre sectores académicos y culturales que consideran la decisión como un acto de censura.
«El Museo Nacional, como parte del Estado, tiene el propósito de conservar, restaurar, proteger y socializar nuestra cultura. Su vocación institucional NO consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental»
Paola Holguín, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes
«En el museo nacional quitaron de la sala Hacer Sociedad todo lo LGBTI, lo relativo al magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa y el Acuerdo de Paz firmado en 2016. El Verdadero borrado»
Marcela Sánchez, activista de Colombia Diversa
La ministra Holguín afirmó que «la museología y la curaduría de los distintos espacios a cargo del Ministerio están siendo evaluados y rediseñados», y recalcó que el Museo Nacional no puede ser un espacio de apología al delito o revictimización. La decisión presidencial se enmarca en una orden más amplia de retirar de los espacios públicos del Gobierno las imágenes y elementos vinculados con Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19, a quien el mandatario señaló directamente como parte de una «oda al terrorismo». Mientras el gobierno defiende la medida como una depuración ética de los espacios estatales, organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTI denuncian un preocupante borrado de la memoria histórica del país, justamente en un momento en que la sociedad colombiana sigue debatiendo los alcances de la paz y la reconciliación.
