El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una revisión técnica inmediata de todos los esquemas de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el objetivo de desmontar aquellos que no cuenten con una justificación debidamente sustentada. La instrucción presidencial fue emitida el 15 de octubre de 2026 y exige que el director de la UNP, Didier Blanco, reporte diariamente los avances y decisiones adoptadas. La medida responde a una crisis fiscal que el mandatario calificó como la peor en la historia reciente, y a denuncias sin verificación que, según él, han obligado al Estado a desplegar recursos sin fundamento real.
En sus declaraciones, De la Espriella fue contundente al referirse a los casos en los que la protección se ha concedido sin un análisis riguroso. “Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó”, afirmó el presidente, dejando claro que el gasto en seguridad debe responder a necesidades verificadas y no a presiones mediáticas o redes sociales. La orden incluye un seguimiento permanente a cada decisión de la UNP y se aplica sin distinción de la persona beneficiaria, independientemente de su filiación política o cargo anterior.
Revisión en marcha y exfuncionarios sin vehículos
La revisión de los esquemas de protección ya había comenzado a finales de agosto de 2026, cuando la UNP retiró las medidas de seguridad a exministros como Armando Benedetti y Antonio Sanguino, así como a otros exfuncionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro. Didier Blanco explicó en un debate en la Cámara de Representantes que la transición no ha sido sencilla, en parte porque algunos exfuncionarios se negaron a entregar los vehículos asignados. “Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado… Mientras inician ese nuevo trámite, ellos se quedan sin su esquema”, señaló el director de la UNP.
“Las finanzas públicas están en su peor momento”
Abelardo de la Espriella, presidente de la República
El presidente De la Espriella vinculó directamente la decisión con la situación fiscal crítica del país y defendió que la protección debe ser un derecho evaluado rigurosamente. “Cuando se trata de proteger a los colombianos, no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado”, afirmó, pero advirtió que esa obligación no puede ser excusa para mantener esquemas injustificados. Los excongresistas que perdieron su curul pueden solicitar protección por circunstancias personales mediante un nuevo trámite ante la UNP, pero quedan sin protección durante el tiempo que dure ese proceso, lo que ha generado demoras y malestar entre los afectados.
Didier Blanco también reconoció que algunos exfuncionarios intentan evitar quedarse días sin protección, lo que ha impedido completar el relevo de manera ágil. Mientras tanto, la orden presidencial se mantiene vigente y se espera que en los próximos días se conozcan los primeros resultados de la revisión técnica, que podría afectar a más personas protegidas por la UNP en todo el país.
