El Ministerio del Trabajo, liderado por la ministra Natalia López Fuentes, publicó el viernes 16 de octubre ocho proyectos de decreto que buscan derogar o modificar decretos laborales expedidos durante el gobierno de Gustavo Petro, con el objetivo de corregir sanciones y atribuciones que exceden las facultades reglamentarias del Ejecutivo. Los proyectos estarán abiertos a comentarios ciudadanos hasta el 9 de noviembre de 2026 y no afectan la Ley 2466 de 2025, que es la reforma laboral vigente.
La iniciativa responde a la identificación de múltiples irregularidades en la normativa anterior, entre ellas multas que llegaban hasta 50 veces por encima de los límites legales, la asignación de funciones judiciales a inspectores de trabajo y la reproducción de normas que ya habían sido anuladas por el Consejo de Estado. Además, se detectaron errores técnicos como numeración duplicada y remisiones a artículos inexistentes. Según un comunicado oficial del Ministerio, «ordenar la regulación laboral no es retroceder, es darles a los derechos de los trabajadores una base que nadie pueda tumbar».
Los decretos que se modifican
Entre los ocho proyectos se destaca la derogación del Decreto 581 sobre tercerización laboral, aunque se mantiene la prohibición de contratar terceros para labores permanentes. También se deroga el Decreto 992 de pactos colectivos, con lo que el depósito de estos acuerdos vuelve a regirse por el Código Sustantivo del Trabajo, pero se conserva la prohibición cuando un sindicato reúna más de un tercio de los empleados. En cuanto al Decreto 720, que dotaba de facultades a los inspectores, se redefine su rol hacia funciones preventivas, con decisiones motivadas, temporales y revisables.
En materia de seguridad social para repartidores, el Decreto 991 proponía cotizaciones sobre el 40 % de los ingresos reales, con un salario mínimo de referencia de 1.750.905 pesos para 2026, y estas exigencias serán aplicables doce meses después de que el Ministerio de Salud certifique los ajustes tecnológicos necesarios. Sobre acoso laboral, el Decreto 1040 mantiene las medidas de prevención y atención, pero elimina las presunciones y reglas probatorias que fueron creadas sin respaldo legal; además, establece una protección especial de seis meses contra acoso sexual y traslada la atención psicológica a las ARL. El Decreto 405 de 2025, sobre multas por despido a víctimas de acoso sexual, se conserva e incorpora la gravedad como criterio de sanción.
Para el trabajo doméstico, el Decreto 993 modifica las inspecciones para que no se ingrese a las viviendas, protegiendo así la intimidad, y el seguimiento se hará a través de la Mesa del Convenio 189 de la OIT. Finalmente, el Decreto 660, sobre periodistas y comunicadores, se ajusta a lo dispuesto en la Ley 2466 de 2025. Un decreto que no fue incluido en estos ocho proyectos es el 234 de 2026, sobre negociación colectiva por niveles, cuya derogación había sido solicitada por los sindicatos.
Reacciones de gremios y sindicatos
La publicación de los proyectos ocurre luego de reuniones con sindicatos y gremios: el 1 de octubre se realizó una sesión de la Comisión Permanente de Concertación y el 13 de octubre una subcomisión con doce organizaciones, entre ellas la CUT, la CGT, la CTC, la ANDI y Fenalco. Mientras que el Comando Nacional Unitario había solicitado rechazar cualquier derogación o flexibilización, la CUT denunció un «desmonte de derechos laborales». Por el contrario, gremios como Fenalco consideran que se trata de un avance hacia la seguridad jurídica.
«Indispensable la derogatoria y expedición de un nuevo documento de regulación que permita identificar las conductas que efectivamente configuran intermediación o tercerización laboral ilegal, sin generar interpretaciones que desconozcan la naturaleza jurídica de las Empresas de Servicios Temporales ni confundan su actividad autorizada con prácticas contrarias a la ley».
Miguel Pérez García, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset)
Los ministerios esperan que, tras el período de comentarios, los decretos definitivos corrijan los excesos reglamentarios y fortalezcan el marco laboral sin afectar los derechos adquiridos por los trabajadores bajo la reforma de 2025. La discusión continuará en las próximas semanas con la participación de todos los actores sociales.
