Alias “John 40”, cabecilla de la Segunda Marquetalia, habría entregado una bolsa de 5.000 millones de pesos para financiar el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, de acuerdo con la información que reposa en la Fiscalía General de la Nación y que también ha sido conocida por la familia del político. La orden del magnicidio, según el informe al que tuvo acceso la revista Semana, habría sido impartida directamente por Luciano Marín Arango, conocido como “Iván Márquez”, en una reunión de la cúpula de esa disidencia de las Farc. El dinero, recolectado a través de narcotráfico y minería ilegal en la frontera con Venezuela, sería destinado a la logística de sicarios y al soborno de funcionarios judiciales.
La investigación revela que Géner García Molina, “John 40”, habría reunido los recursos explotando una mina de oro y coltán en Barrancominas, Guainía, que presuntamente estaba bajo su control. Para la coordinación del plan criminal se realizaron reuniones en Villavicencio, Carurú (Vaupés) y Venezuela, específicamente en el campamento de “Iván Márquez”. De acuerdo con los testimonios entregados a la Fiscalía, al menos tres de esos encuentros ocurrieron en el propio campamento de García Molina en Carurú, con la presencia de “Iván Márquez”, José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”, y otros mandos medios de la organización.
La estructura del magnicidio
Uno de los puntos clave en el entramado criminal es el papel de Simeón Pérez Marroquín, alias “el Viejo” o “la Firma”, capturado el 27 de octubre de 2025 en Puerto Lleras, Meta. Según la información recopilada, “el Viejo” era el encargado de ingresar el dinero a los campamentos y habría señalado que de los 5.000 millones, mil millones estaban destinados a la logística y estructura de sicarios, mientras que 600 millones serían para sobornar funcionarios judiciales. Además, dos hermanos de “John 40” que residen en Villavicencio facilitaban el acceso a los campamentos y movían los recursos económicos.
La cadena de mando incluía también a Élder José Arteaga, alias “Chipi” o “el Costeño”; Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”; un sujeto conocido como “Jairo” o “Popeye”; José Vicente Lesmes, alias “Walter Mendoza”; Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”, y Kendry Téllez, alias “Yako”. Este último habría viajado en dos ocasiones a Venezuela por Puerto Carreño y actualmente se encontraría en ese país; un familiar suyo residente en Madrid apoyaría las finanzas de la organización.
Las reacciones y el contexto judicial
Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, ha afirmado que la orden del crimen habría salido desde el mismo Senado y señaló directamente a Marcos Calarcá, miembro de la antigua dirección de las Farc. No obstante, el abogado de Calarcá rechazó las acusaciones por falta de pruebas formales. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, explicó que las órdenes de captura contra “Iván Márquez” y “Zarco Aldinever” incluyen la solicitud de búsqueda a través de Interpol, mientras que la Fiscalía también investiga una presunta intención de atentar contra el expresidente César Gaviria.
“La información proviene de una persona vinculada con la Segunda Marquetalia que busca beneficios judiciales y recompensas por la captura de García Molina e Iván Márquez”, señalan las autoridades.
Previamente se señalaba a José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”, como el presunto autor intelectual del plan, aunque sin pruebas concluyentes de su muerte en combate. Con esta nueva información, la Fiscalía profundiza las líneas de investigación que apuntan a una estructura criminal que habría operado desde Villavicencio, Carurú y Venezuela para ejecutar el magnicidio. La revelación de los 5.000 millones de pesos como pago inicial del atentado agrava el panorama de seguridad para el senador Uribe Turbay, quien continúa en campaña presidencial bajo un esquema de protección reforzado.
