Exsenadora denuncia que Gobierno ordenó retirar imágenes de Carlos Pizarro y teme por su vida

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La exsenadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, denunció que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenó el retiro de imágenes, símbolos y referencias a su padre, Carlos Pizarro Leongómez, de espacios públicos como el Museo Nacional, y manifestó su temor por su integridad física y su derecho a permanecer en Colombia. La instrucción fue emitida por el mandatario a la ministra de Cultura, Paola Holguín, y se ejecutó el pasado 15 de octubre de 2024 en el Museo Nacional, como parte de una directriz que abarca otras instalaciones gubernamentales. Según De la Espriella, las entidades públicas no deben conmemorar figuras vinculadas al pasado insurgente, mientras que María José Pizarro interpreta la medida como un intento de borrar la memoria del proceso de paz exitoso liderado por su padre y un acto autoritario contra la oposición.

Contexto histórico de Carlos Pizarro

Carlos Pizarro Leongómez fue excomandante guerrillero del M-19, firmante del Acuerdo de Paz con el Gobierno de Virgilio Barco en 1990 y candidato presidencial de la AD-M19, asesinado el 26 de abril de ese mismo año. Tras el magnicidio, su hija María José Pizarro vivió en el exilio durante varios años y regresó a Colombia hace aproximadamente 16 años, donde se desempeñó como senadora por ocho años. El sombrero usado por Carlos Pizarro para firmar la paz fue declarado patrimonio cultural de la Nación, pero el Consejo de Estado suspendió provisionalmente ese reconocimiento el 30 de septiembre de 2026, una decisión que precedió a la orden presidencial de retirar sus representaciones.

Declaraciones de María José Pizarro

En declaraciones a Blu Radio, la exsenadora expresó su angustia al preguntarse si puede seguir en Colombia o si será asesinada como su padre por defender sus ideas, principios y la memoria del líder del M-19. “¿Puedo seguir en Colombia o me van a asesinar como a mi padre por defender mis ideas, por defender mis principios, por defender la memoria de él?”, cuestionó. Además, afirmó que la decisión no es un hecho aislado, sino parte de un proyecto político previamente anunciado: “Creo que igual iban a hacer lo que vienen a hacer porque tienen un proyecto de país en la cabeza y ya lo habían anunciado”. Sobre el retiro en el Museo Nacional, señaló que es absolutamente cuestionable y debe ser rechazado por la sociedad colombiana.

“Para mí apología al terrorismo es caminar entre los cadáveres. Para mí apología a la violencia es tener un presidente que anda armado. Para mí eso es apología al terrorismo, no reivindicar un sombrero que se usó para firmar la paz.”

María José Pizarro, exsenadora

La exsenadora también cuestionó la estrategia de comunicación del Gobierno, que ha incluido la exhibición de bolsas de cadáveres y un presidente armado, calificándola como apología al terrorismo. Asimismo, criticó la falta de una política de paz en el actual mandato: “Este es el primer gobierno en décadas que no tiene una política de paz en un país que se desangra”.

La postura del presidente Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella justificó la orden a la ministra de Cultura con una declaración contundente: “Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara”. La ministra Paola Holguín fue la encargada de ejecutar el retiro de las representaciones de Carlos Pizarro de los espacios oficiales. María José Pizarro denunció que esta medida forma parte de un proyecto político que ya había sido anunciado y que atenta contra la memoria histórica y los símbolos de la paz alcanzada tras el acuerdo con el M-19.

La exsenadora, quien regresó al país tras un prolongado exilio, advierte que su permanencia en Colombia corre peligro en un contexto donde se borran los íconos de la reconciliación. El Gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumió la presidencia en 2026, ha adoptado varias medidas contra símbolos de la oposición, y el retiro de imágenes en el Museo Nacional es la más reciente de ellas, generando un fuerte debate sobre la memoria histórica y los límites del discurso gubernamental.

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