El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y consejero comisionado de paz encargado, Carlos Andrés Ríos Puerta, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, por presuntas irregularidades en un contrato de $257.040.000 destinado a la pedagogía del Acuerdo de Paz. La denuncia, que también involucra a la supervisora del contrato, Gloria Cuartas, solicita investigar los delitos de peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
El contrato fue celebrado por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, con una duración de doce meses y el propósito de desarrollar campañas de socialización del Acuerdo de Paz mediante piezas de humor gráfico. Aunque el lugar de ejecución fue fijado inicialmente en Bogotá, las obligaciones incluían talleres en municipios PDET y ETCR. Dos meses después de iniciada la ejecución, el contrato sufrió una modificación que redujo su valor a $216.000.000, ajustando los pagos mensuales de $21.420.000 a $18.000.000.
Los señalamientos de la denuncia
La revisión de doce períodos contractuales detectó posibles inconsistencias entre fechas de facturación, cobros, actividades reportadas y productos entregados, según el escrito presentado por Ríos Puerta. Se observaron soportes fechados después de los cortes de cobro, evidencia repetida y falta de documentos diferenciados. Además, el contrato inicial presentaba un error en el nombre del contratista, que aparecía como «Julio César Rodríguez Quiceno» en lugar de «Julio César González Quiceno», un detalle que, según la denuncia, podría indicar que la justificación de la contratación no fue elaborada de manera individualizada y rigurosa.
«El error en el apellido o identificación de la persona, en el apartado que debía demostrar las cualidades únicas de la persona contratada, es un indicio que justifica examinar si la justificación fue elaborada de manera individualizada y rigurosa»
Denuncia presentada por Carlos Andrés Ríos Puerta
Otra irregularidad señalada tiene que ver con el tratamiento tributario: el RUT de González Quiceno lo registraba como no responsable de IVA, pero el contrato incluyó este impuesto en su valor inicial, con $3.420.000 mensuales por este concepto, lo que representa un total de $41.040.000. La denuncia también pide esclarecer el papel de la supervisora Gloria Cuartas frente a la certificación de los informes y la autorización de los pagos.
«Estos hechos plantean interrogantes concretos sobre la correspondencia entre el cumplimiento certificado y los desembolsos autorizados»
Escrito de la denuncia
No obstante, el propio escrito advierte que una irregularidad administrativa o un eventual incumplimiento contractual no constituyen, por sí solos, prueba de un delito. La denuncia no implica una declaración de responsabilidad de “Matador”, cuya situación deberá ser establecida por las autoridades judiciales. Ahora corresponde a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones para determinar si existieron conductas delictivas en la ejecución de este contrato, que buscaba llevar mensajes de paz a través del humor gráfico en el marco del Acuerdo de Paz.
