El Ministerio de Transporte de Colombia, bajo el liderazgo de la ministra Elsa Noguera y en el marco del Gobierno de Abelardo de la Espriella, puso en marcha una consulta ciudadana y regional con el objetivo de reformar el Código Nacional de Tránsito, una norma que lleva más de veinte años sin actualizarse y que, según las autoridades, ya no responde a las necesidades económicas y sociales del país. La iniciativa contempla cuatro encuentros presenciales en distintas ciudades capitales y una plataforma digital, y busca adecuar la legislación a las condiciones actuales, simplificar trámites, reducir costos y, sobre todo, proteger la vida en las vías, ante el alarmante incremento de la siniestralidad vial.
El primer encuentro regional se llevará a cabo el 19 de octubre de 2026 en la Universidad de los Andes, en Bogotá, en jornada continua de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 de la tarde a 6:00 de la tarde. Le seguirán las jornadas del 22 de octubre en la Universidad del Norte, en Barranquilla; el 26 de octubre en la Pontificia Universidad Javeriana, en Cali; y el 3 de noviembre en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín, siempre en el mismo horario. Además de estos espacios presenciales, el Ministerio habilitó la plataforma digital codigojustoquesalvavidas.mintransporte.gov.co, donde cualquier ciudadano podrá registrar sus propuestas sobre normas de comportamiento, condiciones técnicas, requisitos de conductores, sistemas de registro, régimen sancionatorio, institucionalidad y trámites.
Un diagnóstico urgente tras el aumento de víctimas
La decisión de abrir esta consulta responde a cifras que encienden todas las alarmas: entre enero y junio de 2026, 4.751 personas perdieron la vida en las vías colombianas, mientras que en el mismo período de 2025 la cifra fue de 3.959, lo que representa un incremento de 792 víctimas fatales. Este dato, sumado a la evidencia de que el aumento de multas y trámites no logró reducir la siniestralidad, llevó al Gobierno a replantear la estructura del Código. La ministra Noguera fue enfática al señalar que la reforma no se puede hacer desde un escritorio, sino escuchando a quienes viven la movilidad a diario. «No queremos construirla desde un escritorio, sin conocer lo que pasa en las calles y en las carreteras. Queremos escuchar sus experiencias, conocer los problemas que enfrentan y recoger sus ideas para construir una reforma que responda a las necesidades reales de los colombianos», afirmó la funcionaria.
«No queremos construirla desde un escritorio, sin conocer lo que pasa en las calles y en las carreteras. Queremos escuchar sus experiencias, conocer los problemas que enfrentan y recoger sus ideas para construir una reforma que responda a las necesidades reales de los colombianos»
Elsa Noguera, ministra de Transporte
Uno de los puntos centrales de la reforma es el impacto económico de las sanciones sobre los ciudadanos. La ministra ilustró la situación con un ejemplo concreto: «Entre sanciones, intereses, patios y grúas, un colombiano puede acabar pagando más de un salario mínimo». Por eso, el Gobierno estudia ajustar los cobros administrativos según la capacidad económica de los infractores, sin que eso implique una flexibilización de las sanciones por conductas graves como el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol o la falta de uso de casco y cinturón de seguridad. «Seremos firmes frente a conductas que ponen vidas en riesgo», advirtió Noguera.
La consulta no modificará la Ley 336 de 1996, que regula el régimen de transporte, ni las normas sobre transporte público, cuyo trámite avanza por separado. En cambio, se enfocará en los aspectos del Código Nacional de Tránsito que generan mayores costos y trámites engorrosos para los usuarios, como licencias, cursos obligatorios, patios, grúas, fotodetección y los procedimientos vinculados con el Runt y el Simit. Podrán participar transportadores, motociclistas, conductores particulares, peatones, ciclistas, gremios, organizaciones sociales, autoridades territoriales y representantes de la academia. Para ello, la plataforma digital exige un registro de datos, la elección del tema sobre el que se desea aportar y una explicación de la norma o procedimiento a modificar, junto con las razones que la sustentan.
Mientras avanza este proceso de participación, las obligaciones y sanciones vigentes continúan aplicándose sin cambios, hasta que el proyecto de reforma sea radicado y aprobado en el Congreso de la República. Con esta iniciativa, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca no solo modernizar la legislación, sino también construir un código que verdaderamente salve vidas y alivie la carga económica de los colombianos, partiendo de la realidad que se vive en las calles y carreteras del país.
