El Ministerio de Educación Nacional solicitó formalmente a la Secretaría Jurídica de la Presidencia iniciar el proceso de derogatoria de la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, adoptada mediante la Resolución Conjunta 1350 del 10 de julio de 2026. La ministra de Educación, Myriam Hoyos Castañeda, envió un oficio el 21 de septiembre de 2026 en el que argumenta serios cuestionamientos constitucionales y legales contra ese acto administrativo, firmado por los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y de Culturas, las Artes y los Saberes durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
En el documento, la ministra Hoyos advierte que la resolución no es un simple instrumento técnico de coordinación intersectorial, sino que incorpora una determinada concepción antropológica y de política pública en materia de sexualidad, género y derechos reproductivos, ordenando su implementación en proyectos educativos institucionales, planes de estudio, prácticas pedagógicas, formación docente y planes territoriales. Esta situación, según el Ministerio, vulnera la autonomía escolar y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, además de presentar falencias en la identificación de los recursos financieros necesarios para su ejecución.
Dos medidas para frenar la implementación
Ante este panorama, la cartera educativa propuso dos acciones concretas: en primer lugar, iniciar una revisión integral de la Resolución 1350 y su anexo técnico junto con los otros tres ministerios firmantes; y en segundo lugar, expedir una directiva presidencial que impida nuevas actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales, pedagógicas o de implementación basadas en la resolución, mientras se tramita su derogatoria definitiva. La ministra Hoyos enfatizó que desde la perspectiva del Ministerio de Educación existen serios cuestionamientos que hacen necesaria una revisión inmediata del acto administrativo.
«La Resolución no constituye únicamente un instrumento técnico de coordinación intersectorial. Su contenido incorpora una determinada concepción antropológica y de política pública en materia de sexualidad, género y derechos reproductivos, y ordena su incorporación en ámbitos como los proyectos educativos institucionales, planes de estudio, prácticas pedagógicas, formación docente y planes territoriales»
Myriam Hoyos Castañeda, ministra de Educación
Reacciones políticas
La decisión del Ministerio ha generado una fuerte controversia política. El expresidente Gustavo Petro, quien impulsó la política durante su mandato, rechazó la medida a través de su cuenta en la red social X, afirmando que «si la niñez y adolescencia no tiene conocimientos sobre la sociedad lo que sobreviene es un estallido de embarazos no deseados». En otro mensaje, calificó a la ministra de «oscurantista» por quitarle los derechos reproductivos a las mujeres de Colombia.
Por su parte, la representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, Laura Daniela Beltrán, conocida como «Lalis», también se pronunció en contra de la derogatoria. En su cuenta de X, señaló que esta decisión responde a la oposición a la «ideología de género» y busca que los niños y especialmente las niñas no tengan manera de tomar decisiones informadas y responsables sobre sus cuerpos, lo que a su juicio representa un retroceso en la autonomía y la educación sexual integral.
«A esto se referían cuando dijeron que estaban en contra de la ‘ideología de género’ (…) Lo único que quieren es que los niños y especialmente niñas no tengan manera de tomar decisiones informadas y responsables para alejarnos de la autonomía sobre nuestros cuerpos. Una política que solo tiene efectos positivos en la gente se convirtió en su forma de arrebatarnos una vida digna. Lo peor es que nos quitan la educación sexual para después castigarnos por abortar»
Laura Daniela Beltrán (“Lalis”), representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico
El contexto de esta solicitud de derogatoria se enmarca en una demanda de nulidad que ya cursa contra la Resolución 1350 ante la Sección Primera del Consejo de Estado, con cargos por falta de competencia, infracción de normas superiores, desconocimiento de la autonomía escolar, expedición irregular y desviación de poder. La exministra Viviane Morales, quien tuvo un papel clave en la aprobación de la política, ya había anticipado que se buscarían acciones para revertirla. Mientras tanto, la ministra Hoyos insiste en que la medida busca proteger el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y corregir los vicios legales que, a su juicio, contiene la resolución. Se espera que la Secretaría Jurídica de la Presidencia estudie la solicitud y determine los pasos a seguir en los próximos días.
