La excandidata presidencial Paloma Valencia encendió el debate político al vincular los disturbios que sacuden Francia con el Paro Nacional de 2021 en Colombia, en una publicación en la red social X que también advierte sobre los peligros de permitir que la violencia oculte el rostro de los manifestantes. «Lo de Francia no es nuevo para nosotros: ya vimos encapuchados quemar ciudades enteras en el Paro Nacional de 2021», escribió la exsenadora, quien además señaló que «la lección es la misma en cualquier país: cuando se le permite a la violencia esconder el rostro, termina haciéndole mucho daño al país». Sus declaraciones se dan en medio de las imágenes de ciudades francesas ardiendo por acción de grupos violentos que reclaman por el encarecimiento de la vida, y en la jornada previa a las marchas del 14 de octubre de 2026 en Colombia, que ya registraron bloqueos y disturbios en el centro de Bogotá protagonizados por encapuchados.
En ese contexto, el presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre el manejo de las protestas y firmó el Decreto 1525 de 2026, que modifica el protocolo de actuación de la Policía en movilizaciones. El mandatario aseguró que «voy a garantizar siempre la protesta pacífica, pero jamás vamos a permitir que los violentos se tomen las calles, que cierren vías, que atropellen los derechos de millones de colombianos que sí quieren trabajar y sacar el país adelante». Además, calificó los recientes disturbios en la capital como «terrorismo urbano» y lanzó una advertencia contundente: «Acuérdense que los que quieren incendiar el país nuevamente son los que quebraron a Colombia, los que se robaron todo, los que empoderaron a los narcoterroristas y esos son ahora los que con bloqueos y llamamientos a incendiar el país quieren salvar la patria».
El nuevo decreto y el dilema de los encapuchados
El Decreto 1525 de 2026 establece que la presencia de personas con el rostro cubierto no puede usarse por sí sola para calificar una protesta como violenta ni para restringirla. Según el texto, las autoridades solo intervendrán cuando se detecten armas, explosivos, agresiones, retenciones o ataques contra personas e infraestructura, pero esa decisión no puede fundarse en el hecho de que los manifestantes lleven la cara tapada. La medida busca aplicar el principio de diferenciación: preservar las garantías de quienes protestan pacíficamente y actuar de forma focalizada contra los responsables de actos violentos. No obstante, el presidente fue enfático al señalar que en el país «no existe el derecho a destruir, a bloquear, a atacar la fuerza pública, a agredir y, por supuesto, no existe el derecho a sembrar caos».
