Colombia se adhirió formalmente al Consenso de Ginebra sobre Promoción de la Salud de la Mujer y Fortalecimiento de la Familia, una declaración política de 47 Estados que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y defiende la soberanía nacional en esta materia. La adhesión se formalizó el 8 de octubre en la sede de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA, con la participación del embajador Alejandro Ordóñez y del embajador encargado ante la ONU, Álvaro Ayala Meléndez, quien un día antes, el 7 de octubre, se pronunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU distanciándose de términos como «salud y derechos sexuales y reproductivos».
El Consenso de Ginebra, aunque no es un tratado ni crea obligaciones jurídicas vinculantes, sí puede tener efectos jurídicos indirectos. Así lo explicó Andrés Felipe López Latorre, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, quien señaló que, a la luz del artículo 32 de la Convención de Viena sobre mecanismos de interpretación de tratados, esta declaración podría llegar a ser una herramienta subsidiaria. La adhesión se enmarca en un cambio de postura del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que busca ampliar alianzas internacionales, fortalecer la cooperación y defender la soberanía nacional en temas de salud, familia y derechos humanos.
Una declaración con impacto simbólico y jurídico
Para la exsenadora María Fernanda Cabal, la adhesión representa una defensa de la vida desde la concepción. «Considero muy importante la adhesión al Consenso de Ginebra porque, como seres humanos, habiendo puesto de presente la dignidad humana como prioridad dentro de un Estado de derecho, tenemos que defender la vida… deja en libertad que los Estados regulen temas como el aborto», afirmó Cabal, quien propuso que el Consenso sirva de base para políticas de educación sexual basadas en responsabilidad y prevención.
«No es un tratado y no crea obligaciones jurídicas ni modifica las existentes, pero sí puede tener efectos jurídicos indirectos. Por ejemplo, a la luz del artículo 32 de la Convención de Viena sobre mecanismos de interpretación de tratados, esto podría llegar a ser una herramienta subsidiaria»
Andrés Felipe López Latorre, profesor de Derecho Internacional, Universidad de La Sabana
Advertencias y críticas de organizaciones
La adhesión no modifica automáticamente las leyes colombianas ni los compromisos internacionales ya adquiridos, pero puede generar tensión entre la interpretación del Estado y la de los órganos de tratados de derechos humanos. María Cecilia Ibáñez, asesora sénior de incidencia para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, recordó que la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, sigue plenamente vigente.
«Tanto las obligaciones que se desprenden de la Constitución como las que se desprenden de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y también las decisiones de la Corte Constitucional, incluyendo la Sentencia C-055 de 2022, permanecen plenamente vigentes y deben ser respetadas por todas las autoridades en Colombia»
María Cecilia Ibáñez, asesora sénior de incidencia para América Latina y el Caribe, Centro de Derechos Reproductivos
Organizaciones como Causa Justa y el propio Centro de Derechos Reproductivos advierten que, aunque no hay un cambio legal, el discurso institucional puede reforzar el estigma, generar barreras de acceso y afectar políticas públicas sobre aborto y derechos sexuales y reproductivos. El movimiento Causa Justa recordó que Colombia ha ratificado instrumentos como la CEDAW y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que forman parte del bloque de constitucionalidad y protegen los derechos sexuales y reproductivos.
En su intervención del 7 de octubre, Colombia también precisó su interpretación restrictiva del término «género», al señalar que se refiere únicamente a los dos sexos, masculino y femenino, en línea con el artículo 7.3 del Estatuto de Roma. Este giro en la postura del Gobierno colombiano en foros multilaterales ocurre mientras la legislación interna mantiene la despenalización del aborto hasta la semana 24, lo que plantea un escenario de posibles contradicciones entre el discurso oficial, las normas vigentes y las interpretaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.
