El presidente acierta al reconocer que la crítica es un derecho y que las decisiones editoriales pertenecen a los medios. Sus preguntas sobre la militancia disfrazada de periodismo y la propaganda del terrorismo merecen una discusión seria
Por RICARDO GALÁN
La libertad de prensa se pone a prueba cuando un periodista publica algo que el presidente preferiría no leer. Cuando una investigación incomoda, una entrevista irrita o un columnista cuestiona las decisiones del Gobierno.
Defenderla en esas circunstancias exige más que una declaración: exige aceptar que el poder tiene límites y que los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que ocurre dentro de él.
Por eso merece reconocimiento el compromiso que expresó anoche el presidente Abelardo de la Espriella durante la inauguración de la nueva sede de El Tiempo.
Allí afirmó que los periodistas tienen derecho a investigar al Gobierno, cuestionar sus decisiones y denunciar irregularidades.
Reconoció que las decisiones sobre las entrevistas, los titulares, las fotografías y los espacios informativos corresponden exclusivamente a los medios.
Es una definición importante de su responsabilidad como gobernante.
La crítica no necesita permiso presidencial.
Tampoco depende de la simpatía que despierte quien la formula.
El discurso contiene dos discusiones que conviene distinguir, aunque están relacionadas. Una es la militancia política presentada como periodismo. La otra es el riesgo de que la información sobre el terrorismo termine al servicio de su propaganda.
Ambas merecen atención.
Tener opiniones no exime de comprobar los hechos
Los periodistas tenemos opiniones. Tenemos convicciones, una historia y una manera de entender el mundo. Pretender que el oficio exige carecer de ellas sería desconocer su naturaleza humana.
La exigencia profesional consiste en algo más concreto: que esas convicciones no decidan de antemano cuáles hechos publicamos, cuáles escondemos y qué pruebas consideramos suficientes.
Un periodista puede desconfiar de un gobierno.
Puede considerar equivocadas sus políticas y cuestionar la conducta de sus funcionarios. Pero, si presenta una investigación, debe sostenerla con información comprobable, ofrecer contexto y permitir que las personas señaladas respondan.
La contundencia de una acusación no reemplaza la calidad de sus pruebas.
La militancia empieza a sustituir al periodismo cuando la conclusión está escrita antes de investigar. Cuando las fuentes se escogen únicamente por su utilidad para una causa. Cuando una denuncia contra el adversario merece todos los titulares y una denuncia equivalente contra el aliado desaparece de la agenda.
También ocurre cuando se exige rigor a unos y se conceden excusas a otros.
En ese punto, la audiencia recibe una versión de la realidad organizada para producir una adhesión política. Puede haber datos ciertos, pero seleccionados y presentados de tal manera que impidan comprender el conjunto.
La pregunta es pertinente: ¿estamos ante un trabajo periodístico o ante una operación de militancia?
La misma exigencia para quienes defienden al Gobierno
Esta discusión pierde su valor si se utiliza únicamente contra los críticos del presidente.
También puede hacer militancia quien defiende al Gobierno desde una plataforma periodística.
Quien reproduce sus afirmaciones sin verificarlas, minimiza sus errores o convierte cada cuestionamiento en una supuesta conspiración contra el país.
La cercanía al poder no vuelve más confiable una información. La distancia tampoco garantiza independencia.
El criterio debe ser el mismo para todos: pruebas, contexto, contraste, transparencia y disposición a corregir.
La opinión tiene un lugar legítimo en los medios. Esta columna pertenece a ese espacio. Aquí expongo una lectura y defiendo una posición con mi firma. El compromiso con el lector consiste en que pueda reconocer qué hechos sustentan el argumento y cuáles son mis conclusiones.
El problema aparece cuando se oculta la intención de persuadir bajo la apariencia de una investigación cuyo resultado estaba decidido desde el principio.
De la Espriella tiene razón al plantear esa diferencia. A los periodistas nos corresponde discutirla sin asumir que cualquier examen de nuestro trabajo constituye, por sí mismo, una amenaza a la libertad de prensa.
¿Información o propaganda?
La pregunta específica que formuló el presidente sobre la cobertura del terrorismo abre otra discusión necesaria: ¿en qué momento el deber de informar puede terminar al servicio de una estrategia de propaganda?
Entrevistar a un integrante de una organización armada puede tener interés público. Puede permitir conocer sus responsabilidades, contrastar sus afirmaciones, esclarecer un crimen o entender una amenaza. La decisión exige criterio editorial y una justificación periodística.
Ese interés no convierte automáticamente en valioso todo lo que el entrevistado quiera decir.
Una entrevista puede aportar información. También puede convertirse en un escenario para lanzar amenazas, justificar asesinatos, encubrir negocios criminales o presentar como representación popular lo que se sostiene mediante las armas.
La diferencia depende de las preguntas, del contraste, del contexto y de la capacidad del periodista para someter las afirmaciones a examen.
Importa, además, el lenguaje. Si un medio adopta sin distancia las palabras con las que una organización justifica sus delitos, contribuye a normalizar su relato. La obligación de explicar cómo se describe un grupo a sí mismo no exige aceptar esa descripción como verdadera.
Y están las víctimas. Su experiencia no puede quedar relegada mientras quienes ejercen la violencia reciben todo el espacio para explicar sus motivos.
Informar sobre una organización armada exige investigar lo que hace y las consecuencias de sus acciones. Darle un micrófono es apenas una decisión dentro de ese trabajo, nunca un sustituto de él.
La frontera la debe trazar el periodismo
El punto más importante del discurso es que el presidente reconoce que esa frontera no debe fijarla un censor.
Esa precisión sostiene el valor de su planteamiento.
El Gobierno puede cuestionar una cobertura, señalar errores, responder a una investigación y participar en el debate público.
Pero la autoridad para gobernar no le concede autoridad para decidir qué entrevistas pueden publicarse o qué periodistas merecen ejercer el oficio.
La promesa presidencial de garantizar el trabajo periodístico sin presiones del poder merece ser reconocida. También la disposición que expresa a que los medios señalen sus errores y contradigan sus opiniones.
Allí está la paciencia democrática que debemos esperar de quien ocupa la Presidencia: aceptar el escrutinio, incluso cuando lo considera injusto; responder con argumentos; aportar información y permitir que la discusión continúe.
Ese compromiso tendrá su prueba en las circunstancias difíciles.
Cuando aparezca una investigación que afecte al Gobierno. Cuando una pregunta resulte incómoda. Cuando un medio publique una crítica que el presidente considere equivocada.
Será entonces cuando sus palabras adquieran su verdadero alcance.
Una discusión que también nos obliga
Los periodistas debemos defender nuestra libertad y responder por la calidad del trabajo que entregamos. Tenemos un poder considerable: escogemos asuntos, jerarquizamos hechos, damos visibilidad a unas voces y dejamos otras por fuera.
Ese poder exige examen.
El discurso de De la Espriella plantea preguntas que merecen una respuesta profesional.
¿Cuándo nuestras convicciones empiezan a sustituir la investigación?
¿Qué información aporta una entrevista con un responsable de la violencia?
¿Estamos interrogando su relato o simplemente ayudamos a difundirlo?
Reconozco el compromiso del presidente con la libertad de prensa y su aceptación explícita del derecho a criticarlo.
Espero que esa disposición acompañe el ejercicio de su Gobierno.
Por nuestra parte, la mejor respuesta consiste en hacer un periodismo que merezca la confianza de la audiencia: investigar antes de concluir, comprobar antes de acusar y corregir cuando nos equivocamos.
La libertad protege nuestro derecho a preguntar.
El rigor permite que esas preguntas le sirvan al país.
sos/
