Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, afirmó que durante una reunión en Valledupar realizada en 2025, funcionarios del gobierno de Gustavo Petro le solicitaron a él y a otros antiguos jefes paramilitares que emitieran señalamientos públicos contra los dirigentes políticos Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella. La denuncia fue ratificada por su abogado, Juan Carlos Villamizar, quien identificó a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, y al asesor Víctor de Currea Lugo como los funcionarios que trasladaron la petición, asegurando además que la iniciativa provendría del propio presidente Petro. El encuentro, que inicialmente buscaba avanzar en el cierre del proceso del Pacto de Ralito, terminó abruptamente cuando los asistentes rechazaron la propuesta.
Mancuso aseguró que el planteamiento fue rechazado de inmediato por todos los presentes. “El objetivo era que habláramos públicamente contra esas tres personas”, declaró el exjefe paramilitar, quien agregó que hubo molestia generalizada y que la situación dañó el encuentro. “Nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”, sostuvo. El excomandante, quien se desempeñó como gestor de paz durante el gobierno Petro, precisó que nunca recibió una instrucción directa del presidente: “A mí nunca me lo pidió el presidente”. No obstante, su abogado Juan Carlos Villamizar afirmó que Angie Rodríguez y Víctor de Currea Lugo señalaron que la solicitud era un encargo del mandatario. Villamizar confirmó la existencia de la reunión y descartó cualquier tipo de pacto: “La reunión sí existió. Nunca hubo ningún pacto”.
Reacción del Centro Democrático
El partido Centro Democrático, al que pertenece el expresidente Uribe, calificó los hechos como graves y exigió una investigación rigurosa. En una publicación en la red social X, la colectividad señaló: “El Estado no puede ser usado como arma de persecución”. El representante a la Cámara Daniel Briceño, miembro de esa bancada, calificó la situación como “absolutamente grave” y pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido con celeridad. La denuncia de Mancuso, que coincide con versiones divulgadas previamente por Angie Rodríguez, pone de nuevo en el centro del debate político las relaciones entre el Gobierno y los exparamilitares, así como el uso de los procesos de paz con fines electorales.
“El Estado no puede ser usado como arma de persecución”
Centro Democrático, en publicación en X
Tras la polémica, Mancuso manifestó su disposición a declarar ante la Fiscalía para ratificar su versión. La mesa de realismos, espacio que se había establecido para avanzar en los acuerdos de paz, no volvió a reunirse después de aquella cita en Valledupar. Mientras tanto, el escándalo reabre interrogantes sobre el manejo del proceso con las extintas AUC y las presiones que, según los denunciantes, buscaban incidir en una elección mediante señalamientos contra reconocidas figuras políticas del país.
