Un estudio de la compañía tecnológica AUCO reveló que hasta 18.000 cédulas de personas fallecidas podrían ser utilizadas cada año en Colombia para intentar cometer fraudes, como solicitar préstamos, financiar compras o firmar contratos. El informe, divulgado en Bogotá en octubre de 2026 por el CEO de AUCO, Santiago Montoya, se basa en el análisis de más de 250.000 verificaciones mensuales de identidad realizadas en distintos sectores económicos. Según los datos, en el último mes se detectaron 1.500 identificaciones de fallecidos, lo que equivale a 50 casos diarios, más de dos por hora. La proyección anual, si se mantiene la tendencia, alcanza las 18.000 cédulas, lo que representa una por cada 167 validaciones.
El fenómeno, explicó Montoya, no implica necesariamente documentos falsificados, sino el uso legítimo de cédulas auténticas de personas que han fallecido. «Estamos viendo documentos reales de personas fallecidas que alguien intenta utilizar para pedir préstamos, financiar productos o firmar contratos. Como la cédula es auténtica, una revisión visual puede no detectar nada extraño», afirmó. Además, el estudio advierte que también pueden estar involucradas identificaciones robadas, documentos con la fotografía alterada o cédulas válidas usadas por alguien distinto a su titular. La dificultad para las empresas radica en que una cédula válida de un fallecido no presenta señales físicas de alteración, lo que hace insuficiente la revisión visual tradicional.
Controles insuficientes y responsabilidad empresarial
El informe señala que los controles actuales de las empresas, basados principalmente en la revisión visual de los documentos, resultan insuficientes para detectar este tipo de suplantación. A esto se suma el registro tardío de fallecimientos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, que permite que las cédulas sigan siendo válidas por un tiempo. La Registraduría ha insistido en la importancia de reportar los fallecimientos de manera oportuna para cancelar el documento y evitar su uso indebido. Los sectores más afectados incluyen microcréditos, negocios inmobiliarios, constructoras, comercios con ventas financiadas, empresas de venta por catálogo y telecomunicaciones. De hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio reportó 13.983 reclamaciones por suplantación de identidad a través de su herramienta SIC Facilita entre 2022 y mayo de 2026, de las cuales 11.365 estaban vinculadas con telefonía celular.
«Mirar una cédula y comprobar que ‘parece original’ ya no alcanza», advirtió Santiago Montoya, CEO de AUCO. «Si la empresa no guardó evidencia de cómo validó la identidad, después no tendrá con qué demostrar que la operación fue legítima».
Santiago Montoya, CEO de AUCO
Ante este panorama, la Ley Estatutaria 2573 de 2026, que entró en vigencia el 19 de noviembre, exige a las empresas adoptar medidas para verificar la identidad de sus clientes y entregar la información utilizada para aprobar operaciones cuando exista un reclamo por suplantación. Las compañías que no puedan acreditar cómo comprobaron la identidad podrían verse obligadas a suspender cobros, corregir reportes y responder por las consecuencias económicas. El informe de AUCO, conocido a través de Infobae Colombia, también reveló que en 2025 se cancelaron 105 cédulas por falsa identidad, mientras que hasta agosto de 2026 ya sumaban 83. En total, desde 2020 la Superintendencia ha registrado 40.316 denuncias por suplantación. Montoya concluyó que las empresas deben migrar hacia sistemas de verificación automatizados que crucen bases de datos oficiales en tiempo real para evitar que los delincuentes sigan aprovechando documentos de personas fallecidas.
