La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolver a la exsenadora Piedad Zuccardi, procesada por el delito de concierto para delinquir agravado por sus presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En su intervención, la procuradora delegada Nancy Carolina Aponte consideró que existen dudas razonables sobre la responsabilidad de la excongresista, toda vez que las pruebas presentadas no acreditan la existencia de un acuerdo delictivo voluntario.
El proceso, que se remonta a la acusación formulada en 2013, lleva más de una década en curso y estuvo suspendido mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) analizaba el caso. La investigación se originó a partir de declaraciones rendidas en 2011 por Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar, quien señaló a Zuccardi de haber sostenido reuniones con la cúpula de las AUC para impedir una zona de despeje en el sur de Bolívar y obtener apoyo electoral de los grupos armados ilegales. La acusación original se fundamentó en ocho reuniones, aunque en indagatoria se llegaron a mencionar hasta 21 encuentros.
Debilidad probatoria y testimonios contradichos
Durante la vista ante la Corte Suprema, la procuradora delegada cuestionó la solidez de los testimonios que sustentan la acusación, en especial los rendidos por Mancuso, cuyas versiones variaron con el tiempo y estaban basadas en testimonios de oídas, inducidos y posteriormente retractados. Aponte citó además las declaraciones de Henry Vargas, Robert Díaz y Uldarico Toloza, quienes afirmaron que Zuccardi no asistió a las reuniones en Barranco de Loba y San Rafael de Lebrija, ni delegó representación en esos encuentros.
«Las versiones de cargo sufrieron una degradación sustancial al demostrarse que consistían en testimonios de oídas, en declaraciones inducidas y posteriormente retractadas»
Nancy Carolina Aponte, procuradora delegada
La defensa de Zuccardi, por su parte, insistió en que la reunión celebrada en Valencia, Córdoba, en el año 2000 no fue clandestina, sino que fue justificada ante el Congreso y reportada al Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana. La exsenadora, quien fue la única congresista mujer en esa comisión de paz, negó que su movimiento Nueva Fuerza Liberal funcionara como instrumento de apoyo a las autodefensas y sostuvo que el encuentro no derivó en acuerdo alguno con el grupo paramilitar.
«Esta reunión no fue criminal ni con el fin de concertar acuerdos con el grupo paramilitar (…) esta reunión no derivó en acuerdo o pacto alguno de mi parte»
Piedad Zuccardi, exsenadora
La Procuraduría destacó que las reuniones investigadas, ocurridas en Valencia (Córdoba), Barranco de Loba, San Rafael de Lebrija (sur de Bolívar), Caracas (Venezuela) y la cárcel de Itagüí, no constituyen pruebas suficientes para demostrar un concierto delictivo. Además, subrayó que Zuccardi terminó judicializada mientras otros asistentes a esas mismas reuniones no fueron procesados, lo que refuerza la duda razonable. Ahora la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia deberá decidir entre condena o absolución, en un fallo que podría poner fin a más de una década de litigio judicial.
