El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una ofensiva integral contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca, durante un consejo de seguridad con autoridades regionales. El mandatario advirtió que utilizará todos los mecanismos nacionales e internacionales para perseguir a políticos, empresarios o grupos de poder que, según dijo, financien o faciliten las actividades de estas organizaciones armadas. La decisión se tomó en medio de una crisis de seguridad que mantiene a cinco personas secuestradas, entre ellas dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y ante lo que el Gobierno califica como un escenario de narcoterrorismo y corrupción en la región.
Durante el consejo de seguridad, De la Espriella identificó el narcoterrorismo y la corrupción como los dos problemas estructurales que afectan a Arauca, y señaló que no es posible hablar de seguridad mientras existan apoyos políticos, empresariales o de grupos de poder a esas organizaciones. El presidente no mencionó nombres de personas o empresas concretas ni detalló los mecanismos internacionales a los que recurrirá, pero subrayó que las investigaciones de las autoridades competentes deberán sustentar esas declaraciones. La ofensiva se concentrará en acciones militares y policiales contra el ELN y las disidencias de las Farc, así como en la revisión de posibles redes de financiamiento y apoyo logístico.
Advertencia contra aliados del narcoterrorismo
En su intervención, el presidente De la Espriella fue enfático al señalar que el Gobierno no tolerará ningún tipo de complicidad con los grupos armados ilegales. «Uno no puede hablar de seguridad mientras haya políticos, empresas y grupos de poder que financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo», afirmó. Y agregó: «Vamos a utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para perseguir a aquellos que terminen aliados con el narcoterrorismo». Estas declaraciones se producen en un contexto donde la administración busca cerrar cualquier espacio de impunidad para quienes, desde la legalidad, apoyen a estructuras ilegales.
«Uno no puede hablar de seguridad mientras haya políticos, empresas y grupos de poder que financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
El mandatario también hizo un llamado directo al ELN para que libere de manera inmediata a las cinco personas secuestradas, dos de ellas funcionarios del CTI. «Quiero aprovechar para exigir al ELN la liberación inmediata de cinco secuestrados, incluidos dos funcionarios del CTI», declaró, y descartó cualquier tipo de negociación con los terroristas: «Con ayuda de Dios y el concurso de nuestra Fuerza Pública los vamos a rescatar, aquí no vamos a negociar con el terrorismo». El Gobierno ordenó al Gaula intensificar las operaciones de rescate y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladar a cabecillas de estos grupos a establecimientos de máxima seguridad, sin precisar cuántas personas serán reubicadas ni el cronograma de la medida.
Las decisiones del consejo de seguridad incluyen el fortalecimiento de las operaciones militares y policiales en el territorio araucano, el traslado de cabecillas a cárceles de máxima seguridad y la intensificación de las acciones de búsqueda y rescate de los secuestrados. El Gobierno mantendrá acompañamiento a las familias de las víctimas y reiteró que no abrirá ninguna negociación con los grupos armados por la liberación de los retenidos. Mientras tanto, la Fuerza Pública continúa desplegada en la región para ejecutar la ofensiva anunciada por el presidente.
