La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra María Elisa Morón Baute y Wilson Fernando Melo Velandia, exvicepresidentes de Gestión Corporativa de Colpensiones, por presuntas irregularidades en un contrato de mejoramiento tecnológico suscrito en 2020 por $9.400 millones. Según el ente de control, las modificaciones realizadas a través de los otrosíes 2 y 5, firmados en 2022 y 2023 respectivamente, no contarían con los soportes técnicos ni financieros requeridos, ya que argumentaban variaciones de la Tasa Representativa del Mercado y del salario mínimo mensual legal vigente sin dejar ningún análisis detallado ni justificación técnica de los cambios.
La investigación, a cargo de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, busca determinar el alcance de las presuntas irregularidades. En su comunicado, la Procuraduría señaló que «al parecer, los otrosíes 2 y 5, firmados en 2022 y 2023, habrían modificado los componentes del contrato argumentando variaciones de la TRM y del SMMLV, sin dejar ningún soporte, análisis detallado o justificación técnica de este cambio». El organismo ordenó la práctica de pruebas documentales para conocer los aspectos técnicos y financieros relacionados con la suscripción de los otrosíes.
Otros contratos bajo la lupa
Esta no es la primera vez que estos exdirectivos enfrentan la acción disciplinaria de la Procuraduría. En febrero de 2025, el ente de control ya había formulado cargos contra Morón Baute y Melo Velandia por supuestamente autorizar adiciones que superaron el límite del 50% del valor inicial en dos contratos de prestación de servicios. El primero, por $41.296 millones, correspondía a la vinculación de personal al Centro de Atención Telefónico de Colpensiones, mientras que el segundo, por $32.700 millones, estaba destinado a trabajadores en misión mediante empresas de servicios temporales. En ambos casos, las adiciones acumuladas excedieron el máximo permitido por el estatuto de contratación estatal, y los hechos fueron calificados provisionalmente como falta grave cometida con culpa grave.
Según la información presentada por la Procuraduría, en el contrato de $41.296 millones, ambos exfuncionarios firmaron un otrosí que autorizó adiciones que, sumadas a las aprobadas con anterioridad, superaron el tope legal. En el caso del contrato por $32.700 millones, fue Morón Baute quien suscribió dos otrosíes cuyas adiciones acumuladas también rebasaron el límite. Estas actuaciones, para el Ministerio Público, contrariaron los deberes que les imponían sus cargos en virtud de la delegación para comprometer y ordenar el gasto, así como celebrar los contratos y convenios necesarios para el buen funcionamiento de la administradora.
«Aparentemente aumentaron los valores de los citados bilaterales por un monto más allá del límite permitido por el estatuto de contratación estatal, contrariando los deberes que les imponían sus cargos en virtud de la delegación para comprometer y ordenar el gasto, así como celebrar los contratos y convenios, necesarios para el buen funcionamiento de la administradora».
Procuraduría General de la Nación
Con esta nueva investigación, el Ministerio Público profundiza el examen sobre la gestión de Morón Baute, quien ocupó la Vicepresidencia de Gestión Corporativa entre 2019 y 2024, y de Melo Velandia, quien estuvo en el cargo durante 2023. La Procuraduría considera que las actuaciones objeto de pesquisa pudieron vulnerar el principio de moralidad en la contratación estatal. Ambos exvicepresidentes deberán responder en juicio disciplinario por las autorizaciones otorgadas en estos contratos, mientras se adelantan las pruebas documentales que permitan esclarecer los hechos.
