La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín Ortiz, solicitó formalmente al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes información detallada sobre el retiro de más de treinta piezas del Museo Nacional de Colombia, ocurrido por orden del presidente de la entidad, Abelardo de la Espriella. En una comunicación dirigida a la ministra Paola Andrea Holguín Moreno, el organismo de derechos humanos también cuestionó el despliegue de unidades antidisturbios y el uso de un vehículo lanzagua durante las protestas registradas el sábado 17 y domingo 18 de octubre en el centro de Bogotá, donde cerca de quinientas personas se movilizaron en rechazo a la exclusión de obras vinculadas a la comunidad LGBTIQ+, las luchas feministas y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, así como el desmonte de una sala dedicada a Miguel Ángel Díaz, trabajador de Colcultura y militante de la Unión Patriótica desaparecido forzadamente en 1984.
Preservación de la memoria histórica y derecho a la protesta
En su petición, la Defensoría indaga por los criterios y fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, las condiciones de conservación de las piezas retiradas y la posibilidad de su reincorporación al Museo, incluido el espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz. A través de un comunicado oficial, el organismo subrayó que «la preservación de la memoria histórica y el acceso a la cultura exigen reconocer la diversidad de voces, experiencias y relatos que forman parte de nuestra historia. Ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas». Al mismo tiempo, mediante una publicación en la red social X, la defensora Iris Marín Ortiz calificó como «innecesaria y desproporcionada» la intervención de la Fuerza Pública durante una protesta que, según reportaron colectivos sociales, transcurrió de forma pacífica hasta que el vehículo lanzagua dispersó a manifestantes que bloqueaban la carrera Séptima. En sus declaraciones, Marín advirtió que «la proximidad de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse».
«La preservación de la memoria histórica y el acceso a la cultura exigen reconocer la diversidad de voces, experiencias y relatos que forman parte de nuestra historia. Ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas».
Defensoría del Pueblo
La entidad recordó que, si bien el Decreto 1525 de 2026 autoriza la cercanía de la Fuerza Pública en estos escenarios, cada actuación debe responder a criterios de necesidad y contexto específico, y que la Corte Constitucional reconoce la ocupación del espacio público y las afectaciones a la movilidad como parte del derecho legítimo a la protesta. La Defensoría anunció que hará seguimiento a la respuesta del Ministerio y definirá actuaciones para salvaguardar la libertad de expresión, los derechos culturales y la memoria histórica en el país.
