La Comisión Quinta del Senado de la República, presidida por la senadora Patricia Caicedo del Pacto Histórico, citó a debate de control político al operador de aseo Atesa y a las entidades competentes para examinar la crisis de residuos sólidos que afecta a Santa Marta, Magdalena. La sesión, que se llevará a cabo en el Congreso, buscará revisar el funcionamiento del relleno sanitario Palangana, evaluar las fallas en la recolección de basura y analizar el uso de los recursos ambientales que la ciudad destina a la gestión de desechos.
La citación responde a las crecientes denuncias ciudadanas por la acumulación de bolsas de basura en espacios públicos, malos olores y la presencia de vectores como insectos y roedores en distintos barrios, corregimientos y zonas de difícil acceso. Además, se ha advertido sobre el posible agotamiento de la capacidad del relleno Palangana, que recibe los residuos de la capital del Magdalena. Durante el debate, la senadora Caicedo exigirá información sobre las rutas y frecuencias de recolección, así como el estado de la flota de camiones compactadores de Atesa, especialmente frente a las temporadas de alta afluencia turística que incrementan la demanda del servicio.
Contenedores, separación en la fuente y reciclaje
Otro de los puntos centrales será el retiro de contenedores en varios puntos de la ciudad. La Comisión pedirá el diagnóstico técnico que motivó esa decisión, el destino de los recipientes retirados y las alternativas implementadas para cada sector. Asimismo, se revisará la política de separación de residuos en los hogares, las rutas selectivas activas, las toneladas de residuos recuperadas y la participación de los recicladores en el sistema de aprovechamiento.
La senadora también solicitará información detallada sobre los recursos ambientales que aporta el Distrito de Santa Marta, los contratos financiados con esos fondos y sus resultados. En su planteamiento, Caicedo subrayó que el servicio de aseo debe estar acorde con las tarifas que pagan los habitantes, por lo que el debate buscará contrastar los reportes administrativos con las denuncias de la ciudadanía, en el marco de las funciones de control político que ejerce el Congreso sobre la prestación de servicios públicos.
