El abogado Edwin Gabriel Díaz, presidente de la Corporación para la Defensa Pública (Cordepública), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por las amenazas proferidas en su contra por parte del grupo criminal Los Juanitos, que lo declararon «objetivo militar» a él y a su familia. En el documento, fechado el 25 de septiembre de 2026, el jurista solicitó de manera expresa que la investigación sea asignada a una autoridad distinta a la Policía Nacional, debido a los presuntos vínculos que existirían entre uniformados y esta estructura delincuencial que opera en el departamento del Meta. La denuncia detalla hostigamientos, seguimientos y mensajes intimidatorios que se han intensificado desde diciembre de 2025, cuando un audio de la madre de una víctima de sicariato reveló posibles conexiones entre agentes del orden y el grupo criminal.
Díaz, quien cuenta con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2014, había visto validado en octubre de 2025 un nivel de riesgo extraordinario por parte del Cerrem, el organismo encargado de evaluar las amenazas. A pesar de contar con un esquema de seguridad que incluye vehículo blindado, dos personas de protección, medio de comunicación y chaleco antibalas, la situación se tornó insostenible tras la recepción de panfletos y chats atribuidos a Los Juanitos. En uno de los mensajes, el remitente se identificó como integrante de la banda y escribió: «Usted y su familia [son] objetivo militar de nosotros». Otro texto, con evidentes errores ortográficos, señalaba: «Esd listo para la foto», lo que el denunciante interpretó como una advertencia de que estaban siendo vigilados.
Indicios de vínculos entre amenazantes y la Policía
El abogado, que representa a personas procesadas judicialmente en los municipios de Granada y San Martín, Meta, ha denunciado en el pasado posibles irregularidades en procedimientos policiales y presuntos «falsos positivos judiciales de la Sijin». Considera que su labor de defensa y las denuncias que ha interpuesto podrían estar detrás de las amenazas. En la denuncia, Díaz no afirmó categóricamente la existencia de un vínculo entre Los Juanitos y la Policía, pero sí señaló «indicios que obligan a investigarlo». Uno de los episodios más preocupantes ocurrió en diciembre de 2025, cuando uniformados de la Policía fueron vistos tomando fotografías al vehículo del abogado en el parqueadero de su residencia, una presencia que el jurista considera no justificada, ya que no existía orden judicial, misión de trabajo o procedimiento que la amparara.
En la denuncia, Díaz adjuntó videos, fotografías y audios, entre ellos una grabación de la madre de un joven asesinado, quien relata que su hijo le dijo antes de morir que debía reunirse con una persona por instrucciones de agentes policiales, pese a que el muchacho afirmaba tener protección garantizada. Según el denunciante, «ese muchacho era un informante ilegal que la Policía y la Fiscalía usaron y después lo mataron». Cerca de cinco personas, presuntos beneficiarios de la corporación, han muerto por sicariato en hechos que, para Díaz, están relacionados con las mismas estructuras criminales.
«Formulo DENUNCIA PENAL por los hechos que narro a continuación. Solicito que su investigación se asigne a una autoridad distinta de la Policía Nacional, que se practiquen actos urgentes y que se adopten medidas de protección»
Edwin Gabriel Díaz, presidente de Cordepública, en la denuncia ante la Fiscalía
Uno de los panfletos recibidos por el abogado contenía un mensaje especialmente amenazante: «(…) Objetivo militar (…) el abogado defensor de los bandidos de cuello blanco, asesinos y expendedores que los saca a que sigan en las suyas Edwin Diaz. Acá mandamos LOS JUANITOS nadie más, somos aliados de la fuerza del orden (…)». Para Díaz, esta mención a una supuesta alianza con la fuerza pública no es casual y refuerza la necesidad de que la investigación sea llevada por un cuerpo independiente. En una llamada telefónica con otro abogado, Díaz advirtió sobre estos posibles contactos, y su interlocutor respondió: «Yo también sé que de eso me han contado varias cosas».
Entre las solicitudes que el denunciante elevó a la Fiscalía se encuentran preservar registros de llamadas y mensajes, verificar cuentas de mensajería y Facebook, recaudar videos de seguridad del parqueadero donde ocurrió el episodio de las fotografías y determinar si existieron órdenes de inteligencia oficiales sobre él o su vehículo. Infobae Colombia intentó obtener la versión de la Policía Nacional, pero no recibió pronunciamiento alguno. Mientras tanto, el abogado y su familia continúan bajo la sombra de una amenaza que, según la denuncia, no solo proviene de un grupo criminal, sino que tendría tentáculos dentro de las mismas instituciones que deberían garantizar su seguridad.
