El Ministerio de Hacienda encendió las alarmas fiscales al advertir a la Corte Constitucional que el Presupuesto General de la Nación de 2027 no contempla los recursos necesarios para cubrir los costos de la implementación de la reforma pensional, con un déficit estimado en 16,2 billones de pesos. Mediante un oficio fechado el 8 de octubre y remitido a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, el ministro Miguel Gómez Martínez detalló los montos que no fueron incorporados en la planeación financiera del proyecto de presupuesto, y solicitó al tribunal moderar los efectos fiscales de su decisión, que levantó la suspensión de la Ley 2381 de 2024.
El documento explica que la determinación de la Corte se conoció apenas dos días antes de que el presupuesto reformulado fuera presentado al Congreso, lo que impidió incluir las nuevas obligaciones en las proyecciones. Según el Ministerio, la implementación del nuevo esquema pensional en la vigencia 2027 generaría un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas, al no poder incorporarse de manera coherente con las fuentes adicionales de financiamiento previstas en los instrumentos de planeación. La entrada en vigor del sistema está programada para el 1 de abril de 2027, aunque Colpensiones ha solicitado aplazarla un año, hasta abril de 2028.
Un faltante de 16,2 billones en el presupuesto
Las proyecciones del Ministerio de Hacienda desglosan el déficit total en varios componentes. Para las transferencias a Colpensiones, que deben cubrir los gastos asociados a la implementación de los pilares contributivo y semicontributivo, el faltante asciende a 5,4 billones de pesos. A esto se suma el costo del pilar solidario, que entre abril y diciembre de 2027 demandaría 11,75 billones de pesos, destinados a atender a hasta 4,6 millones de beneficiarios potenciales, con una transferencia mensual estimada de 258.000 pesos por persona.
El Ministerio precisó que la cuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional podría aportar 0,9 billones de pesos para esa vigencia, por lo que el esfuerzo fiscal neto requerido por parte de la Nación sería de 10,85 billones de pesos, una suma que, advirtió la cartera, no está considerada en el proyecto de presupuesto de 2027. En el oficio, el Gobierno subrayó que estos recursos no fueron previstos debido a los tiempos de la decisión judicial, lo que obligaría a un rediseño de las prioridades de gasto si el tribunal no modera los efectos de su fallo.
«La implementación de la reforma en la vigencia 2027 impediría incorporar de manera coherente las nuevas obligaciones con fuentes adicionales de financiamiento previstas en los instrumentos de planeación financiera del Gobierno, lo cual generaría un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas»
Ministerio de Hacienda
«Para la vigencia 2027 hay un déficit estimado en $5.4 billones para transferir a Colpensiones y que cubra los gastos asociados a la implementación de la Ley 2381 de 2024»
Ministerio de Hacienda
El contexto de esta advertencia se remonta a la Sentencia C-264 de 2026, mediante la cual la Corte Constitucional declaró exequible la mayor parte de la reforma pensional, pero devolvió al Congreso tres artículos completos, seis apartes y una proposición por vicios de procedimiento. La Cámara de Representantes tiene plazo hasta el 29 de octubre de 2026 para subsanar esos puntos, que incluyen los artículos 36 y 93, así como apartes de los artículos 11, 19, 23, 63, 84 y 92, referidos a cotizaciones, reglas tributarias aplicables a pensiones, el régimen especial para comunidades étnicas y campesinas, y la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda deja en manos del alto tribunal la decisión final sobre cómo aliviar el impacto de una reforma que, de implementarse sin los recursos previstos, pondría en jaque las cuentas del Estado para 2027.
