El Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027 se encuentra en una delicada situación después de que se detectara un presunto vicio de trámite durante su discusión en el Congreso de la República. De acuerdo con lo informado por fuentes legislativas, el error radica en que una proposición presentada por el congresista Juan Caicedo, que contaba con el aval del Gobierno nacional, no fue sometida a votación en la plenaria del Senado pero sí terminó incluida en el texto aprobado por la Cámara de Representantes. Esta discrepancia entre las versiones aprobadas por ambas corporaciones no fue conciliada antes del vencimiento del plazo legislativo, fijado para el 20 de octubre, fecha en la que se conoció el error. Así lo denunció el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, quien señaló que, en sana técnica legislativa, el proyecto necesitaba una conciliación que nunca se realizó.
La controversia involucra específicamente el artículo 65 del presupuesto, relacionado con operaciones de cobertura del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF) y del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Este artículo permite mitigar riesgos fiscales derivados de fluctuaciones en los precios del petróleo y los combustibles, así como en la tasa de cambio, y autoriza cubrir costos con cargo al servicio de la deuda pública si los fondos resultan insuficientes. Mientras el Senado aprobó el artículo 65 sin la modificación propuesta, la Cámara lo hizo incluyendo el cambio, lo que generó la diferencia que debió ser resuelta mediante conciliación. Según Pérez, la falta de conciliación pone en riesgo todo el proyecto de presupuesto o, al menos, el artículo cuestionado, dependiendo de la interpretación jurídica que se adopte.
Las partidas en riesgo y las posibles consecuencias
Entre las partidas más afectadas por esta situación se encuentran los recursos adicionales para el sector salud, que ascienden a tres billones de pesos, una cifra que el representante Pérez destacó con especial preocupación. «A mí lo que más me duele es que se pierden 3 billones para la salud», afirmó el congresista, reflejando la gravedad de la situación. Además de salud, otras áreas como educación, infraestructura vial, justicia y los subsidios de gas también enfrentan incertidumbre. El presupuesto total global, que se mantuvo en primer debate en aproximadamente 634,9 billones de pesos, no variaría en su monto global, pero las asignaciones sectoriales sí podrían modificarse si no se subsana el error.
«A mí lo que más me duele es que se pierden 3 billones para la salud»
Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara (Centro Democrático)
Ante este escenario, se barajan varias alternativas. Una de ellas es que el Gobierno nacional expida el presupuesto por decreto, basándose en el texto aprobado en primer debate, lo que implicaría un monto global de 634,9 billones de pesos pero sin las adiciones posteriores, incluyendo los tres billones para salud. Otra opción es que el Gobierno sancione la ley tal como está y deje que sea la Corte Constitucional la que determine los efectos del vicio, aunque no hay claridad jurídica ni antecedentes sobre este procedimiento. Una tercera alternativa consiste en convocar al Congreso a sesiones extraordinarias en enero de 2027 para presentar un proyecto de adición y traslado presupuestal, posiblemente con mensaje de urgencia, con el fin de recuperar las partidas para salud y otros sectores, aunque esto dependería de la aprobación legislativa. El error, según se ha podido establecer, se habría originado en el seguimiento que los abogados del Ministerio de Hacienda realizaban al trámite legislativo.
El Presupuesto General de la Nación de 2027 debía ser aprobado antes del 20 de octubre, y fue justamente en esa fecha límite cuando se conoció el error. La senadora Esmeralda Hernández y el representante Óscar Darío Pérez han sido voces activas en este debate, subrayando la necesidad de encontrar una solución que garantice los recursos para los sectores más vulnerables. Mientras tanto, el Congreso y el Gobierno evalúan los pasos a seguir en medio de esta controversia que pone a prueba la solidez del proceso legislativo colombiano.
