El Presupuesto General de la Nación para 2027, fijado en 634,9 billones de pesos, enfrenta un riesgo jurídico de gran calado luego de que se revelara un presunto vicio de procedimiento en la aprobación del artículo 65 de la iniciativa. La irregularidad radica en que el texto avalado en la plenaria del Senado sería distinto al aprobado en la Cámara de Representantes, sin que se hubiera surtido el trámite de conciliación entre ambas corporaciones, un paso obligatorio cuando existen diferencias en el contenido de un proyecto de ley. La controversia fue puesta en evidencia por el secretario General del Senado, Diego González, quien emitió un comunicado la noche del martes 20 de octubre en el que afirmó que “el artículo 65 fue aprobado sin proposiciones” y que “en dicho enlace no figura proposición alguna aprobada respecto del artículo 65”. Estas declaraciones contrastan con la versión del representante a la Cámara por Cambio Radical, John Édgar Pérez, quien aseguró que en la Cámara sí se votó una proposición para modificar ese artículo, la cual habría sido avalada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien estaba presente durante el debate.
La estrategia legislativa que se utilizó para avanzar en la aprobación del Presupuesto, conocida como “espejo”, implicó debates simultáneos en Senado y Cámara con el fin de cumplir con los plazos legales. En medio de esa dinámica, el senador del Centro Democrático Juan Fernando Caicedo presentó una proposición para modificar el artículo 65, la cual, según su testimonio, contaba con los votos necesarios pero fue retirada por el mismo autor en la sesión del Senado. Sin embargo, según el representante Pérez, esa misma proposición sí fue sometida a votación en la plenaria de la Cámara, donde fue aprobada. “Ahí estuvo todo el tiempo sentado el ministro con sus técnicos y de manera reiterada preguntamos cuáles eran las proposiciones avaladas y a mí me entregan un paquete que tiene la firma del ministro y dice: aval”, declaró Pérez, quien agregó: “La Cámara dio un receso y el Senado pudo adelantar de manera más rápida en la aprobación. Esto nos iba a permitir haciendo un paralelo con los artículos aprobados y las diferentes modificaciones que se hacen. Teníamos un listado de los artículos cambiados en Senado y ese (el 65) era uno de los que tenía proposición avalada”.
El monto global de 634,9 billones de pesos, que representa un incremento del 16,1% frente al presupuesto de 2026 y un ajuste de 60 billones respecto a la propuesta original del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, no está en discusión, pues fue aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas del Congreso. La controversia se limita exclusivamente a la validez del procedimiento legislativo en las plenarias. De confirmarse el vicio de trámite, quedarían en riesgo partidas cruciales por 3 billones de pesos para salud, 700.000 millones para universidades públicas, 3 billones para subsidios de energía y gas, además de recursos para infraestructura vial, justicia, trabajo y pago de pensiones. La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, matizó el alcance del problema al señalar que “la diferencia en el art. 65 del Presupuesto no vicia todo el proyecto, sino solo la parte que tuvo diferencias y, en todo caso, puede ser subsanable. La Corte tendrá la última palabra, pero con base en lo ocurrido con el PND de Petro seguramente declarará la constitucionalidad de los 97 artículos que no tuvieron discrepancias”.
«La diferencia en el art. 65 del Presupuesto no vicia todo el proyecto, sino solo la parte que tuvo diferencias y, en todo caso, puede ser subsanable. La Corte tendrá la última palabra, pero con base en lo ocurrido con el PND de Petro seguramente declarará la constitucionalidad de los 97 artículos que no tuvieron discrepancias.»
María Clara Posada, Senadora del Centro Democrático
Los escenarios que se abren para el Ejecutivo
Ante la posible nulidad del artículo 65 por vicio de trámite, el Ejecutivo baraja dos opciones, según fuentes del Ministerio de Hacienda. La primera es sancionar la ley sin el apartado añadido por la Cámara en ese artículo y dejar que la Corte Constitucional defina si esa decisión corrige el problema. La segunda, más drástica, consiste en expedir un decreto presupuestal para iniciar la vigencia 2027 con base en lo aprobado en primer debate, excluyendo todas las modificaciones de plenarias, y convocar a sesiones extraordinarias para presentar un proyecto de adición o traslado presupuestal. Este decreto dejaría sin efecto, entre otras, las partidas de 3 billones para salud, 700.000 millones para universidades, 3 billones para subsidios de energía y gas, así como fondos para infraestructura vial, justicia y pensiones. La decisión final recae en el presidente Abelardo de la Espriella, quien deberá ponderar los riesgos jurídicos frente a la urgencia de contar con un presupuesto sancionado antes del 1 de enero de 2027. Las irregularidades fueron señaladas inicialmente por la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, y la periodista Lina García, y tienen como precedente las decisiones A-705 de 2024 y C-448 de 2024 de la Corte Constitucional sobre el Plan Nacional de Desarrollo, en las que el tribunal ordenó corregir el trámite y votar nuevamente solo los artículos con discrepancias. Mientras tanto, la Cámara de Representantes evalúa respaldar el texto proveniente del Senado con una votación artículo por artículo para evitar futuras demandas por vicios de trámite, en un intento por blindar la legalidad del presupuesto más cuantioso de la historia reciente del país.
