El expresidente Gustavo Petro respondió con dureza a las denuncias formuladas por dos exfuncionarias de su gobierno, Eva Ferrer y Angie Rodríguez, quienes revelaron presuntas irregularidades que incluyen un supuesto pacto con exparamilitares y una red de tráfico de drogas y armas vinculada a la ex primera dama Verónica Alcocer. En una publicación en su cuenta de X, Petro aseguró que las acusaciones carecen de sustento y que las denunciantes no han presentado “ni una sola prueba” ante la Fiscalía, por lo que anunció que las llevará a procesos penales por injuria y calumnia.
Las denuncias de Ferrer y Rodríguez, que salieron a la luz en las últimas semanas, detallan un supuesto “Pacto de Valledupar” ocurrido el 24 de octubre de 2025, en el que delegados del Gobierno Petro habrían solicitado a excomandantes de las autodefensas, entre ellos Salvatore Mancuso, que acusaran a los expresidentes Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, así como al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con el objetivo de afectar su imagen de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Mancuso, en un video difundido públicamente, afirmó que “delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”. Petro, por su parte, negó rotundamente haber solicitado a paramilitares que señalaran a nadie: “Jamás pedí a ningún paramilitar que acuse a una persona en particular. Las acusaciones en medio del control político como congresista las hice yo mismo sobre pruebas judiciales reales”. Además, recordó que “Abelardo fue asesor del paramilitarismo esta dicho y fotografiado en mis debates. No tengo que pedir a nadie que lo diga”.
La Fiscalía remite el caso a la Comisión de Acusaciones
Mientras el expresidente arremete contra sus exempleadas, el ente investigador ya tomó cartas en el asunto. La Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia abrió una noticia criminal y remitió copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que deberá determinar si existió responsabilidad del exmandatario en el denominado “Pacto de Valledupar”. Petro, quien goza de fuero por su condición de expresidente, será investigado bajo un procedimiento especial. En su defensa, aseguró que la reunión con exparamilitares, a quienes calificó de gestores de paz, estaba respaldada por la ley de Paz Total y que fue la Corte Constitucional la que exigió decir toda la verdad para obtener beneficios jurídicos. “Lo hecho en Ralito fue ley de la república y quien hablo se llevar el proceso a que se dijera que se llevará a supeditar beneficios jurídicos por decir toda la verdad fue la Corte Constitucional. Mi gobierno solo hizo la.advertencia se cerrar el proceso con la verdad/la. justicia restaurativa y las garantías de no repetición”, escribió en su cuenta de X, en un mensaje que mantiene errores de tipeo propios de su estilo en redes sociales.
“Ni una sola prueba de toda la jauría de infamias desplegadas por dos ex empleadas en mi gobierno ha sido presentadas a la fiscalía. Infamias para destruir en la prensa y cero pruebas de lo que afirman. Debo llevarlas a procesos penales para que señalen las pruebas de sus afirmaciones y sea la justicia la que defina”.
Gustavo Petro, expresidente de Colombia
Las acusaciones de Ferrer y Rodríguez no solo incluyen el pacto con paramilitares, sino también una presunta red de drogas y armas liderada por Verónica Alcocer, un punto que Petro no abordó directamente en sus declaraciones públicas. El caso, que ahora está en manos de la Comisión de Acusaciones, representa un nuevo frente judicial para el expresidente, quien enfrenta un escenario político complejo mientras las denuncias de sus antiguas colaboradoras continúan generando repercusiones en el ámbito nacional. Por lo pronto, Petro ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados y que llevará a Ferrer y Rodríguez a los estrados judiciales para que demuestren la veracidad de sus afirmaciones. La investigación en la Comisión de Acusaciones, que debe determinar si hubo responsabilidad del exmandatario en el “Pacto de Valledupar”, podría extenderse por varios meses, en un proceso que mantiene en vilo a la opinión pública colombiana.
