El ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que investigue los chats anónimos que, dos meses antes del atentado, alertaron sobre un posible ataque contra el entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien finalmente falleció el 11 de agosto de 2025 tras el atentado del 7 de junio. La petición del funcionario busca contrastar y valorar la credibilidad de nuevas declaraciones que han salido a la luz en los últimos días, con el fin de que se tomen las decisiones que correspondan en derecho.
Los mensajes, enviados desde un número anónimo a una senadora del Centro Democrático cuya identidad no ha sido revelada, comenzaron el 16 de abril de 2025. En esa primera comunicación, el remitente se dirigió a la congresista con un tono de urgencia: “Mi doctora preferida, muy buena noche. Apenas pueda, por favor, regáleme una llamada de urgencia (…) Doctora, por favor, no baje la guardia; por favor, cuídese mucho, utilice a toda hora sus escoltas”. Cinco días después, el 21 de abril, el mismo informante señaló directamente a Luis Alberto Albán Urbano, alias “Marcos Calarcá”, exrepresentante a la Cámara e integrante del partido Comunes, como el presunto organizador del ataque. “Ese malparrido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacerte el atentado”, escribió el anónimo, quien además afirmó que la orden “había salido del Senado”.
La advertencia que llegó tarde
El mismo día del atentado, 7 de junio de 2025, el remitente volvió a contactar a la senadora, pero esta vez con una pregunta que ha encendido las alarmas sobre posibles fallas en la seguridad de Uribe: “Doctora y el esquema de Miguelito, ¿dónde putas estaba? Como que le dieron por la espalda”. La viuda del senador, María Claudia Tarazona, ha señalado públicamente a “Marcos Calarcá” como el autor intelectual del ataque, mientras que el exrepresentante se defiende: “Yo estoy lejos, absolutamente lejos de eso (…) No tengo ninguna relación con los grupos que se llaman disidencias de las Farc. No tengo ninguna relación, antes estoy como objetivo militar de ellos”, declaró Albán.
El exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, se desmarcó de cualquier negligencia al afirmar que “el doctor Uribe contaba con un esquema de protección robusto, un poco superior al de otros parlamentarios: cuatro policías y tres escoltas de la UNP. Sin embargo, tomó decisiones que debilitaron su seguridad y que fueron equivocadas”. No obstante, el abogado de la familia Uribe, Víctor Mosquera, ha sostenido que el senador pidió refuerzos sin ser atendido, contradiciendo la versión oficial.
“Ahí hay una investigación ya seria, con resultados, pero obviamente que nuestra responsabilidad también es pedir que se junten estas nuevas declaraciones y se mire su credibilidad, su valoración y se tomen las decisiones que en derecho corresponden”.
Iván Cancino, ministro de Justicia
La solicitud del ministro Cancino se suma a otras pistas que han surgido en los teléfonos de los autores materiales del atentado, como Elder José Arteaga, alias “El Costeño”, donde se ha identificado un grupo de WhatsApp con información sobre los desplazamientos de Uribe y llamadas a un contacto identificado como “escolta del senador”. Mientras tanto, el partido Comunes se ha desmarcado de los señalamientos contra Luis Alberto Albán, en medio de una investigación que busca esclarecer no solo quién ordenó el ataque, sino si hubo negligencia en la protección del excongresista que aspiraba a la Presidencia de la República.
