El abogado Alejandro Carranza, representante legal del expresidente Gustavo Petro, presentó este miércoles 21 de octubre de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez y el exparamilitar Salvatore Mancuso. La acción judicial busca desvirtuar las afirmaciones que vinculan a Petro con el denominado «Pacto de Valledupar», en las que se señala que funcionarios del Gobierno nacional habrían solicitado a exparamilitares declarar contra los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras, así como contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con la denuncia, Carranza sostiene que las declaraciones de Rodríguez y Mancuso sobre un supuesto «entrampamiento» para obtener falsos testimonios son completamente falsas y que el expresidente Petro jamás impartió órdenes en ese sentido. «A ella jamás el presidente Petro le dio la orden de ir a buscar un entrampamiento o de buscar que se generara un falso testimonio», afirmó el abogado, quien agregó que «no mandaría a Angie Rodríguez a que hiciera eso como ella lo inventa». La defensa de Petro solicita a la Fiscalía que cite a Mancuso para que entregue su versión de manera formal, que revise las actas, grabaciones y registros de las reuniones celebradas en Valledupar entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, y que eventualmente tome declaraciones a otros funcionarios, como el exministro Armando Benedetti.
El contexto del «Pacto de Valledupar»
Las reuniones que originaron la controversia se realizaron en Valledupar, Cesar, entre representantes del entonces Gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El encuentro, que tuvo un propósito oficial relacionado con el proceso de desmovilización y el Acuerdo de Ralito, fue bautizado mediáticamente como el «Pacto de Valledupar». Posteriormente, Angie Rodríguez y Salvatore Mancuso manifestaron que, durante esos diálogos, algunos funcionarios pidieron a los exjefes paramilitares hacer declaraciones públicas en contra de figuras políticas como Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella. Mancuso aseguró que los asistentes rechazaron esa solicitud. Petro, por su parte, negó tajantemente haber ordenado tal proceder y explicó que la reunión se enmarcaba en la política de paz total impulsada por su administración.
Reacciones y próximos pasos
El abogado Carranza calificó esta denuncia como «la primera denuncia» dentro de las actuaciones previstas, dejando abierta la posibilidad de ampliarla para incluir declaraciones de otros integrantes del despacho presidencial. La Fiscalía deberá determinar si efectivamente hubo solicitudes irregulares durante esos encuentros, quiénes las formularon y si existen responsabilidades penales. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación ya abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por este caso, aunque esa apertura no implica sanción ni prueba de los hechos. El proceso judicial que ahora inicia con la denuncia de Carranza promete arrojar luz sobre lo ocurrido en aquellas reuniones de Valledupar que han generado una fuerte controversia política.
«Que se analicen las actas, las grabaciones, todas las condiciones»
Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro
