La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación seccional Cesar, adelanta una investigación por la venta de 33 bienes de la Alcaldía de Valledupar que fueron enajenados por 31 millones de pesos, una cifra que contrasta con el valor comercial de los activos. Entre ellos llama especialmente la atención una Toyota Land Cruiser Prado TXL modelo 2013, con placas OXV 288, que fue adjudicada por 2.500.000 pesos cuando su valor en el mercado, según Fasecolda, oscila entre 126 y 184 millones de pesos, lo que representa una depreciación cercana al 98% en trece años.
La denuncia fue presentada por el exconcejal Jhon Díaz Carpio y ha generado un fuerte debate en la ciudad, pues los bienes fueron declarados inservibles tras una inspección visual, sin que mediaran pruebas mecánicas profundas. El secretario general de la Alcaldía, Eudes José Orozco, sostuvo que los vehículos ya no podían ser asegurados y debían ser chatarrizados, pero los críticos cuestionan los criterios técnicos del avalúo y la ausencia de diagnósticos que justifiquen precios tan bajos.
Un avalúo con valor operativo cero
Entre los bienes vendidos figuran una excavadora John Deere por 5.155.000 pesos, una motoniveladora John Deere por 5.022.000, una retroexcavadora por 3.850.000, un vibrocompactador JCB por 2.185.000 y un minicargador John Deere por 840.000. Los vehículos livianos, entre ellos Toyota, Nissan, Chevrolet y Mazda, fueron adjudicados por sumas que van de 240.000 a 3.000.000 de pesos, mientras que cada una de las 15 motocicletas se vendió en 215.000 pesos. En el caso de la Toyota, el avalúo asignó un «valor operativo cero» a pesar de que, según los denunciantes, el vehículo tenía un valor comercial significativo.
«La vida útil, mantenimiento y expectativa de duración de componentes fundamentales como el bloque del motor, la transmisión automática y el chasis de un vehículo todoterreno supera con creces el desgaste superficial, siendo recuperables o funcionales mediante mantenimientos correctivos»
Daniel Daza, dirigente crítico
«Basarse únicamente en una apreciación visual, sin recurrir a pruebas de compresión, análisis de fluidos y otros diagnósticos, no puede ser un mecanismo responsable para este avalúo»
Daniel Daza, dirigente crítico
Documentos oficiales revelan además que el Concejo municipal autorizó la enajenación con posterioridad a la adjudicación del negocio, una irregularidad que agrava la situación. Veedores de Valledupar afirmaron a El Tiempo que una camioneta vendida por 500.000 pesos fue revendida horas más tarde por 40 millones de pesos, lo que evidencia una presunta pérdida de patrimonio público.
La respuesta del alcalde
El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, aseguró que su compromiso es con la protección del patrimonio público y solicitó un informe técnico sobre la operación. Sin embargo, ocho días después el documento no había sido divulgado. El apoderado del alcalde, Keyner Sanmartín, explicó que no se divulgará porque integrará una investigación penal.
«Mi compromiso es con Valledupar, con la protección del patrimonio público»
Ernesto Orozco Durán, alcalde de Valledupar
La investigación está a cargo de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para determinar responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales. Mientras tanto, el dirigente Daniel Daza envió una comunicación a la ensambladora de Toyota en Japón para pedir explicaciones sobre la calidad y duración de los vehículos, en un intento por demostrar que la depreciación estimada para la camioneta no es razonable. Los críticos insisten en que un dictamen técnico debe diferenciar entre un vehículo que necesita repuestos, uno cuya reparación es antieconómica y uno que agotó su vida útil.
