El Gobierno de Colombia expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, el cual asciende a 634,9 billones de pesos, luego de que el trámite de conciliación en el Congreso quedara inconcluso, lo que ha desencadenado el anuncio de una demanda por parte del senador David Racero, del Pacto Histórico. La decisión del Ejecutivo se sustenta en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que faculta al presidente para decretar el presupuesto cuando el Legislativo no completa el procedimiento legal en los plazos establecidos. El decreto, firmado en la tarde del miércoles 22 de octubre, conserva el monto y las partidas aprobadas en el primer debate, pero deja sin efecto los cambios introducidos en el segundo debate, que no logró ser aprobado de manera unificada.
Un trámite legislativo inconcluso
La controversia comenzó en la madrugada del martes 20 de octubre, cuando culminó el plazo para el segundo debate del proyecto de presupuesto. En esa instancia, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron textos diferentes del articulado, especialmente en lo concerniente al artículo 65, que regula las coberturas financieras ante variaciones en el precio del petróleo, los combustibles y la tasa de cambio del dólar. La falta de acuerdo para una conciliación dentro del tiempo legal impidió que el proyecto se convirtiera en ley, dejando al Gobierno la posibilidad de acudir a la vía del decreto. Ante esta situación, el vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la medida al afirmar que se trata del «presupuesto de la verdad», que incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado, y recalcó que el proyecto no fue hundido ni tumbado por nadie, sino que contó con respaldo mayoritario en ambas corporaciones.
Entre las modificaciones que no entrarán en vigor por haber sido aprobadas solo en el segundo debate se encuentran una reducción de 8 billones de pesos en el servicio de deuda para destinarlos a inversión regional, 3 billones adicionales para salud, 6,5 billones para pensiones, 3 billones para subsidios de energía y gas, 700.000 millones de pesos para universidades públicas y 6,4 billones extras para el sector defensa. Estas partidas, que fueron resultado de negociaciones en las comisiones económicas del Congreso, quedarán por fuera del decreto oficial.
La disputa legal
El senador David Racero, del Pacto Histórico, ha anunciado su intención de demandar el decreto, argumentando que excede las facultades del Ejecutivo. En su cuenta de la red social X, Racero señaló que «los artículos que facultan la posibilidad de lo que el vicepresidente afirma como ‘traslados presupuestales’ son facultades extraordinarias que solo el Congreso puede aprobar», y agregó que «dichas facultades no pueden ser decretadas sino aprobadas por ley». El congresista también cuestionó la validez del procedimiento al recordar que el presupuesto fue aprobado en primer debate, pero no en plenaria, por lo que no fue aprobado como ley. La controversia se centra en si el decreto puede incluir disposiciones que autoricen reorientaciones del gasto público, una materia que Racero considera reservada al Legislativo.
«Aunque se haya aprobado en primer debate no se aprobó en plenaria, es decir, no se aprobó como ley»
David Racero, senador del Pacto Histórico
El vicepresidente José Manuel Restrepo, en contraste, sostiene que el decreto se ajusta al ordenamiento legal y que las facultades para traslados presupuestales están incluidas dentro de las atribuciones del Ejecutivo en este contexto. La demanda anticipada por Racero promete abrir un debate judicial sobre el alcance del artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y sobre los límites entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en la definición del gasto público. La senadora Esmeralda Hernández, también del Pacto Histórico, fue quien detectó el vicio de trámite que impidió la conciliación, al señalar las diferencias en el artículo 65.
El presupuesto decretado por el Gobierno mantiene las adiciones discutidas con las bancadas en las comisiones económicas, incluyendo la distribución de recursos y las facultades para reorientaciones presupuestales. No obstante, la demanda de Racero añade una capa de incertidumbre sobre la implementación definitiva del presupuesto, en un año clave para la administración nacional. El desenlace de esta controversia será seguido de cerca tanto por los sectores políticos como por los analistas económicos, dado que el Presupuesto General de la Nación define las prioridades de gasto público para el año siguiente.
