El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la tasa de informalidad laboral en Colombia se situó en 54,8% durante el trimestre junio-agosto de 2026, lo que equivale a 13,2 millones de ocupados que carecen de cotizaciones a salud y pensión. Esta condición no solo refleja precariedad en la protección social, sino que se convierte en una barrera casi infranqueable para acceder a créditos hipotecarios y adquirir vivienda, pues las entidades financieras exigen ingresos formales comprobables mediante nómina fija, un requisito que la mayoría de estos trabajadores no puede cumplir pese a tener capacidad real de pago.
La cifra representa una leve reducción de 0,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, cuando la informalidad fue de 55,2%, y una caída más significativa frente al 59,7% registrado en igual trimestre de 2021. Sin embargo, las brechas territoriales y sectoriales siguen siendo profundas. Mientras que en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas la tasa alcanza 40,7%, en los centros poblados y zonas rurales se dispara hasta 83,1%. Sincelejo lidera como la ciudad con mayor informalidad con 65,4%, seguida de Cúcuta con 62,4% y Riohacha con 61,6%. En el extremo opuesto, Bogotá registra la tasa más baja con 34,1%, Tunja con 34,7% y Manizales con 35,3%.
Microempresas, el corazón de la informalidad
El análisis por tamaño de empresa revela que la informalidad se concentra abrumadoramente en las microempresas, aquellas con hasta 10 trabajadores, donde la tasa asciende a 85,1%. En contraste, en las pequeñas empresas es de 19%, en las medianas de 5,4% y en las grandes de apenas 2,5%. Por sectores, la agricultura aglutina a 2,7 millones de trabajadores informales, seguida del comercio y la reparación de vehículos con 2,3 millones. En cuanto al nivel educativo, 4,9 millones de informales tienen como máximo la secundaria, 3,4 millones la primaria y 2,1 millones ningún nivel educativo. Además, la informalidad entre la población venezolana residente en Colombia alcanza un preocupante 71,63%. Por sexo, a nivel nacional los hombres presentan una tasa de 57,1% frente a 51,7% de las mujeres, aunque en las áreas urbanas la relación se invierte levemente: 41,8% para ellos y 39,5% para ellas.
«El reto no es bajar los estándares de riesgo, sino entender mejor la capacidad real de pago de una persona», afirmó Felipe Fierro, cofundador de Duppla, una empresa que ofrece un esquema alternativo de copropiedad fiduciaria.
Fierro cuestiona que el sistema financiero tradicional siga anclado a la nómina y al puntaje crediticio como únicas variables, cuando la realidad laboral ha cambiado. «Hay colombianos cuyos ingresos son suficientes, pero cuya realidad financiera necesita analizarse con más variables que una nómina o un puntaje», señaló. Y añadió: «Si cambió la manera en la que las personas trabajan y reciben sus ingresos, también tiene sentido revisar cómo entendemos su capacidad para acceder a vivienda». Duppla, precisamente, evalúa ingresos, comportamiento de pago y capacidad de ahorro de sus usuarios —el 52% son trabajadores independientes y el 64% mujeres— para que puedan aportar desde el 15% del valor de una propiedad, habitarla de inmediato e ir aumentando su participación durante cinco años, al cabo de los cuales pueden acceder a un crédito hipotecario tradicional con una mayor cuota inicial y un historial de pagos demostrado.
Los datos del Dane sobre informalidad se publican en medio de las negociaciones entre el Gobierno, los empleadores y las centrales obreras para definir el salario mínimo de 2027, un debate en el que el empleo informal suele ocupar un lugar central por los costos de contratación y la falta de protección social. Mientras tanto, millones de colombianos siguen atrapados en un círculo donde la ausencia de un empleo formal les cierra las puertas a la vivienda propia, una situación que modelos como la copropiedad fiduciaria buscan aliviar, aunque sin resolver de fondo las causas estructurales de la informalidad.
