La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al coronel retirado del Ejército Juan Carlos Figueroa Suárez a seis años y tres meses de prisión, tras aceptar tardíamente su responsabilidad en 24 hechos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron 38 víctimas mortales. La decisión, adoptada el 22 de octubre de 2026 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, cobija también once casos de desaparición forzada y nueve de tortura asociados a los mismos operativos. Los crímenes ocurrieron entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005, periodo en el que Figueroa comandó el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con sede en Valledupar, Cesar.
De acuerdo con el fallo, durante la comandancia del oficial fueron asesinados civiles que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate, práctica conocida como falsos positivos. Entre las víctimas se encuentran Nohemí Pacheco Zabatá, una niña indígena Wiwa de 13 años, así como campesinos, jornaleros, jóvenes, integrantes de los pueblos Kankuamo y Wiwa, menores de edad y personas no identificadas. Los cuerpos fueron llevados a cementerios de Codazzi y Valledupar, donde se registraron las inhumaciones irregulares. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP llamó a juicio al exoficial, quien solo aceptó su responsabilidad una vez iniciada la actuación judicial, lo que motivó que el tribunal aplicara una sentencia de reconocimiento tardío y ordenara cumplir la sanción alternativa en un establecimiento especial de reclusión.
Un reconocimiento que llegó después del juicio
El caso se tramitó en la Sección de Ausencia de Reconocimiento porque Figueroa no admitió los hechos de manera temprana, a diferencia de quienes acceden a sanciones propias sin privación de la libertad al reconocer su responsabilidad oportunamente. La audiencia restaurativa, que comenzó el 27 de agosto de 2026, fue preparada con 36 víctimas que recibieron acompañamiento psicosocial. El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez explicó que ese espacio buscaba «propiciar el diálogo, reparar el daño y restablecer los lazos sociales afectados». El fallo impuso además once obligaciones restaurativas, entre ellas reivindicar públicamente el nombre de las víctimas, entregar información para la búsqueda de desaparecidos y participar en actos de memoria en la región Caribe.
«La pregunta que debo responder no es solamente ‘qué ordené’, también debo responder qué autoridad tenía, qué información recibí, qué debía controlar, qué debía impedir y qué dejé de hacer»
Juan Carlos Figueroa Suárez, coronel (r) del Ejército
En un hecho paralelo, la Procuraduría General de la Nación pidió a la JEP condenar al coronel (r) David Herley Guzmán por los asesinatos de tres menores y otras catorce víctimas de falsos positivos, además de solicitar el esclarecimiento de otros cinco hechos sin acusación. Figueroa Suárez, quien estuvo al frente del batallón durante el periodo señalado, enfrenta ahora las consecuencias judiciales de unos crímenes que marcaron a las comunidades de Valledupar y que la justicia transicional busca esclarecer como parte del proceso de verdad y reparación en Colombia.
