El Consejo de Estado, a través de la Sala Especial de Decisión 24, admitió una demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara Daniel Felipe Briceño Montes, del Centro Democrático. La providencia, fechada el 17 de septiembre de 2026 y anunciada públicamente el 22 de octubre del mismo año, fue suscrita electrónicamente vía la plataforma Samai por el consejero ponente Jorge Edison Portocarrero Banguera. La acción judicial fue interpuesta por la abogada Angélica María Monsalve Gaviria, quien alega que el congresista incurrió en una presunta “violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”.
No es la primera vez que Briceño enfrenta un proceso de este tipo. En 2024, cuando era concejal de Bogotá, fue demandado por pérdida de investidura a raíz de su aval a la ALO Norte dentro del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024-2027”. En aquella ocasión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones y le permitió conservar la curul. Ahora, el mecanismo judicial vuelve a poner en riesgo su escaño en el Congreso, pues la pérdida de investidura es un procedimiento que puede retirar a un integrante de una corporación pública si se comprueban las causales constitucionales o legales.
El proceso judicial y los plazos
El auto de admisión ordena notificar personalmente al congresista y al agente del Ministerio Público. Una vez surtida esa notificación, Briceño dispondrá de cinco días hábiles para presentar por escrito sus descargos, tal como lo establece el artículo 10 de la Ley 1881 de 2018. El trámite de notificación se rige por el artículo 9 de la misma norma. El Consejo de Estado deberá determinar si las actuaciones del representante configuran una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o si existió un conflicto de intereses en su gestión legislativa.
La reacción de la demandante
La abogada Angélica María Monsalve Gaviria celebró la decisión del alto tribunal y afirmó que “ahora le corresponde responder ante la justicia”. En su cuenta de X, la jurista calificó al congresista como “mentecato” y “garoso”, y añadió: “La ironía de querer legislar mientras se es un violador de las reglas constitucionales”. La publicación generó reacciones divididas en redes sociales, mientras el entorno del representante Briceño aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la admisión de la demanda.
El proceso apenas comienza y será la Sala Especial de Decisión 24 del Consejo de Estado la que, en los próximos meses, evalúe las pruebas y los argumentos de ambas partes para decidir si el congresista debe perder su investidura.
