Corficolombiana, la corporación financiera del Grupo Aval, propiedad de la familia Sarmiento Angulo, propuso un aumento del 8% en el salario mínimo para 2027, lo que llevaría el ingreso básico de $1.750.905 a $1.890.977, sin incluir el auxilio de transporte. La iniciativa, presentada por César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de la entidad, fue planteada a pocos días del inicio formal de la concertación entre Gobierno, gremios y sindicatos, cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2026. El cálculo técnico combina una inflación proyectada del 6,8% para el cierre de ese año con un crecimiento de la Productividad Total de los Factores del 1,2%, y abre la discusión sobre un esquema de salario mínimo regional diferenciado, basado en productividad, costo de vida y condiciones locales de empleo, aunque sin definir zonas, metodología ni montos concretos.
La propuesta de Corficolombiana no es una decisión oficial ni una fórmula territorial aprobada, sino un planteamiento en etapa de discusión económica. Según explicó César Pabón, el ajuste debe responder a criterios técnicos que protejan el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar desequilibrios macroeconómicos. La corporación advierte que un incremento muy alejado de la inflación y la productividad podría elevar costos laborales, reforzar la indexación de precios y tarifas, dificultar que la inflación retome la meta del Banco de la República y mantener o subir las tasas de interés, actualmente en 12,25%, lo que encarecería el crédito y limitaría la inversión y el consumo. También señala que el Estado enfrentaría una mayor presión fiscal por ajustes en pensiones y remuneraciones públicas.
Colombia mantiene un salario mínimo nacional unificado desde 1983, aunque en los años sesenta existieron valores por departamentos y en 1972 hubo distinciones por sectores y tamaño de empresas. Cualquier cambio hacia un salario regional requiere concertación entre Gobierno, trabajadores y gremios empresariales, además de revisiones jurídicas y técnicas. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales integra a estos actores, y si no hay acuerdo antes del 31 de diciembre, el Gobierno decide el incremento.
Propuesta técnica y advertencias
El cálculo de Corficolombiana se basa en una inflación de referencia del 7% –expectativa de cierre del año en curso– y una productividad del 1,2%, lo que arroja el 8% propuesto. La entidad subraya que un alza salarial desconectada de estos indicadores puede tener efectos importantes en la economía. Actualmente, según el Dane, 2,4 millones de trabajadores ganan el salario mínimo, mientras que los sindicatos reclaman un aumento del 38,5%, muy por encima de la propuesta técnica.
“El ajuste debe responder a criterios técnicos que permitan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar desequilibrios macroeconómicos”
César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana
Carolina Henao, docente investigadora de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, respaldó la visión técnica: “Un alza salarial desconectada de la productividad y del crecimiento económico puede elevar los costos laborales para las empresas. Cuando en Colombia se sube el salario mínimo sin tener en cuenta estos aspectos, se pueden generar efectos importantes en la economía”. La discusión sobre el salario mínimo de 2027 apenas comienza, y la propuesta de Corficolombiana se perfila como un punto de referencia en la negociación que definirá el ingreso de millones de colombianos.
“Con una inflación proyectada de 6,8% para el cierre de 2026 y un crecimiento de la productividad total de los factores de 1,2%, estimamos que el incremento técnicamente deseable para 2027 sería de 8%”
César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana
La propuesta de salario regional diferenciado, aunque aún sin definiciones concretas, busca ajustar el ingreso a realidades locales como la actividad económica, la estructura productiva y el costo de vida, con el objetivo de favorecer la formalización del empleo sin generar desequilibrios macroeconómicos. La negociación formal comenzará en las próximas semanas, y el plazo del 31 de diciembre de 2026 marcará el límite para que Gobierno, trabajadores y empresarios logren un consenso que impactará a los 2,4 millones de trabajadores que dependen del salario mínimo en el país.
