El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de siete políticos colombianos, entre ellos el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán, como una medida migratoria discrecional que no requiere sentencia judicial previa. La decisión, tomada por las autoridades migratorias estadounidenses, afecta también al alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña; al senador electo Wadith Alberto Manzur; a la representante a la Cámara electa Karen Astrith Manrique; a los exsenadores Julio Elías Chagüi Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla; y al excongresista y exalcalde de Envigado, José Ignacio Mesa Betancur. La cancelación del permiso de entrada al territorio estadounidense está relacionada, según las autoridades, con señalamientos de corrupción y posibles vínculos con el narcotráfico.
La revocación del visado no equivale a una sanción financiera ni al congelamiento automático de cuentas bancarias o activos de los afectados, a diferencia de lo que ocurre con una inclusión en la lista de la OFAC, conocida como “Lista Clinton”. Tampoco constituye por sí misma una condena penal ni demuestra la comisión de un delito. Se trata de una facultad discrecional del gobierno estadounidense, que puede otorgar o retirar el permiso de entrada a su país sin necesidad de un proceso judicial en ninguna de las dos naciones.
“Es una decisión que no tiene una implicación legal ni en Colombia ni en Estados Unidos. No significa automáticamente un proceso legal de ninguna naturaleza, en ninguno de los dos países. Es una decisión discrecional del Gobierno de los Estados Unidos el otorgamiento de ese permiso de entrada y, por supuesto, también su retiro”.
Nicolás Garzón, profesor del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana
El profesor Garzón, en declaraciones a Infobae Colombia, explicó que la medida tiene un componente diplomático al comunicar desaprobación de Estados Unidos hacia los políticos afectados. El académico interpretó la revocación como un posible respaldo político al Gobierno de Abelardo de la Espriella, dadas las diferencias con la administración anterior y los antecedentes de algunos sancionados, en particular de Ricardo Roa por su rol en la campaña de Gustavo Petro y en Ecopetrol. Sin embargo, Garzón consideró que el impacto en la relación bilateral será limitado: “En general tampoco siento que vaya a cambiar nada estructuralmente”.
Posibilidad de solicitar nueva visa
Los siete afectados pueden solicitar una nueva visa en el futuro, pero la aprobación dependerá de la evaluación consular y no está garantizada. La información fue difundida por el profesor Nicolás Garzón, quien detalló que la cancelación del visado no implica automáticamente un proceso legal de ninguna naturaleza ni en Colombia ni en Estados Unidos. La decisión de Washington, aunque severa, se enmarca en la facultad soberana de cada país para controlar el ingreso a su territorio.
