La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) publicó para consulta pública el proyecto de resolución 701 153 de 2026, una iniciativa que busca agilizar y organizar los trámites de conexión de estaciones públicas de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. La propuesta, que aplica a nivel nacional con los operadores de red, establece procedimientos, plazos definidos y plataformas digitales obligatorias para reducir las trabas administrativas y dar certidumbre a quienes quieran instalar estos puntos de carga. La consulta estará abierta durante 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a su divulgación en la página web de la entidad, y en ella podrán participar empresas, usuarios, autoridades e interesados en general.
El proyecto cubre tanto nuevas conexiones como aumentos de capacidad en instalaciones existentes, y propone dos rutas de evaluación clasificadas según la potencia máxima requerida, con un umbral de referencia de 100 kilovatios. El procedimiento tipo 1 aplica para potencias iguales o inferiores a ese valor, sin necesidad de un estudio simplificado adicional, mientras que el tipo 2 se usa para potencias superiores a 100 kW o cuando las condiciones técnicas del punto exijan un estudio de conexión. Esta diferenciación busca que los trámites más sencillos se resuelvan con mayor celeridad, sin sacrificar el rigor técnico en los casos de mayor complejidad.
Plazos definidos y herramientas digitales
De acuerdo con el texto puesto en consideración, los operadores de red deberán tramitar las solicitudes bajo plazos máximos por etapa. La revisión inicial de la solicitud tendrá un límite de dos días hábiles; si la documentación está incompleta, el interesado dispondrá de cinco días hábiles para corregirla y el operador de dos días hábiles adicionales para verificarla. En el procedimiento tipo 1, la evaluación técnica tomará cinco días hábiles, con un término de cinco días para que el solicitante responda aclaraciones y tres días más para la revisión final del operador. Para el tipo 2, la entrega de información técnica será de hasta cinco días hábiles, mientras que la evaluación del estudio de conexión tendrá un máximo de veinte días hábiles, con diez días para responder requerimientos y cinco días hábiles para que el operador concluya el análisis. En todos los casos, los plazos de evaluación se suspenden mientras el interesado atiende las solicitudes de información adicional.
La propuesta también obliga a los operadores de red a implementar sistemas de información para proyectos de clase 2, adaptados a estaciones públicas de carga, que permitan radicación en línea, envío de archivos, recepción de notificaciones y consulta permanente del estado del proceso. Estos operadores deberán adecuar sus sistemas y herramientas en un plazo de 90 días hábiles, contados desde la publicación de la circular con los criterios técnicos; hasta que eso ocurra, las solicitudes se tramitarán bajo las reglas vigentes. Además, la norma ordena publicar información actualizada sobre requisitos, formatos, niveles de tensión, criterios de asignación y lineamientos para estudios, así como datos indicativos de capacidad disponible en diferentes ubicaciones, aunque aclara que esa consulta no garantiza disponibilidad de energía ni reserva de espacio, pues la viabilidad real depende de la evaluación técnica del punto solicitante.
La resolución incluye dos disposiciones pensadas para proteger al usuario: se prohíbe solicitar repetidamente documentos que ya estén en el expediente, salvo que existan cambios en el proyecto o razones justificadas para actualizarlos, y si no es posible asignar la capacidad solicitada, el operador deberá explicar los motivos técnicos y proponer alternativas viables cuando existan. Con estas reglas, la Creg busca dar un impulso concreto a la movilidad eléctrica en Colombia, un sector que depende en gran medida de la disponibilidad de infraestructura pública de carga para crecer. La iniciativa permanecerá en consulta durante los próximos días hábiles, y las observaciones recibidas serán evaluadas antes de que la entidad tome una decisión definitiva sobre el texto final.
