El presidente Abelardo de la Espriella expidió mediante decreto el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, por un valor de 634,9 billones de pesos —exactamente 634.952.040.871.099—, tras el fracaso de la conciliación entre los textos aprobados por Senado y Cámara. La decisión, anunciada el 21 de octubre, se formalizó después del vencimiento del plazo legal del 20 de octubre a la medianoche, cuando el Congreso no logró conciliar las diferencias en el proyecto. El Gobierno se acogió al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que faculta al Ejecutivo a expedir el presupuesto si el Legislativo no lo aprueba antes de esa fecha límite.
El error que impidió la conciliación se originó en el artículo 65 de la iniciativa. Según fuentes legislativas, el Senado retiró una proposición que la Cámara ya había aprobado, generando dos versiones distintas del texto. Pese a que el proyecto no fue rechazado ni hundido, la inconsistencia técnica bloqueó el trámite de conciliación dentro del tiempo establecido. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, participaron en las gestiones de última hora, pero no fue posible subsanar las discrepancias.
Las cifras y el marco legal
El presupuesto asciende a 634,9 billones de pesos, una suma que incorpora la certificación de los secretarios del Senado y la Cámara sobre las inconsistencias detectadas. El mecanismo utilizado por el Ejecutivo se basa en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, norma que permite al presidente expedir el presupuesto por decreto cuando el Congreso no concluye su aprobación antes de la medianoche del 20 de octubre. Este recurso garantiza la continuidad fiscal del Estado sin depender de la voluntad legislativa.
Mientras sectores del Gobierno atribuyeron el error a los ponentes del proyecto —quienes habrían incluido la disposición en un bloque equivocado—, desde el Senado señalaron al Ministerio de Hacienda por el manejo de la información durante el trámite. El representante John Edgar Pérez, coordinador ponente, fue mencionado en medio de las críticas, aunque no se emitieron declaraciones textuales al respecto. La controversia deja en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en la discusión del presupuesto anual.
La noticia se encuentra en desarrollo, y se espera que en los próximos días tanto el Gobierno como el Congreso ofrezcan más detalles sobre el decreto y las repercusiones políticas del episodio. El presupuesto de 2027 regirá las finanzas públicas del país, y su expedición por decreto marca un precedente en el manejo de los plazos legislativos.
