El concejal de Bogotá Juan David Quintero encendió las alertas fiscales y políticas sobre el proyecto de la APP del estadio Nemesio Camacho El Campín al denunciar un presunto pago irregular por 26.101 millones de pesos a la originadora del proyecto, APP CDEC S.A.S., una transacción que, según el cabildante, vulnera el espíritu de la Ley 1508 de 2012. La denuncia, difundida inicialmente a través de su cuenta en la red social X, desató un inmediato cruce de versiones con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), que salió a defender la legalidad del desembolso y, en paralelo, anunció la apertura de un proceso sancionatorio contra la concesionaria Sencia por el estado de la gramilla del estadio.
De acuerdo con lo expuesto por Quintero, el pago por los costos de estructuración, por un monto exacto de 26.101.691.506 pesos, se efectuó el 28 de octubre de 2024, en medio de la ejecución del contrato de APP. El concejal señaló que la minuta original publicada en el proceso de selección abreviada establecía de forma expresa que esos costos solo se reconocerían en caso de que el originador no resultara adjudicatario, condición que, al haber sido Sencia la ganadora, no se cumpliría. «Los documentos están ahí, pero las explicaciones todavía no», aseguró Quintero, quien además cuestionó que mediante un otrosí firmado en julio de 2025 se hubieran modificado los plazos contractuales: la preconstrucción pasó de 12 a 16 meses, la construcción de 42 a 44 meses y el cierre financiero de 360 días a 15,5 meses, sin que, a su juicio, existiera una justificación técnica suficiente.
Respuesta del Idrd y réplica del concejal
Frente a las acusaciones, el Idrd respondió también a través de X, afirmando que el Distrito no desembolsó recursos públicos para ese pago y que la obligación de los 26.101 millones de pesos correspondía a un compromiso entre dos sociedades distintas: Sencia, como concesionaria, y APP CDEC S.A.S., como originadora. La entidad explicó que el desembolso estaba previsto desde 2023 y que la Ley 1508 de 2012 no prohíbe el reconocimiento de costos de estructuración al originador cuando este participa en la etapa de ejecución. Incluso, el Idrd remitió a la Contraloría de Bogotá una respuesta oficial el 28 de febrero de 2025, bajo el radicado 20251010055731, en el marco de una auditoría integral que ese organismo adelanta sobre la APP de El Campín.
Sin embargo, Quintero replicó con nuevos cuestionamientos: «No estoy cuestionando las APP como modelo. Estoy exigiendo transparencia, rigor y legalidad en una concesión que compromete el futuro de un escenario emblemático de Bogotá», declaró el concejal. Además, comparó el esquema del estadio con otras APP como la ALO Sur, los Accesos Norte, el aeropuerto Rafael Núñez y el Coliseo El Campín (hoy Movistar Arena), y aseguró que en ninguna de ellas se ha dado un tratamiento similar a los costos de estructuración. «¿Quién modificó la cláusula y con qué fundamento?», insistió, dejando abierto el interrogante sobre la modificación de la minuta contractual.
Proceso sancionatorio por la gramilla
Paralelamente a la controversia por el pago, el Idrd informó que abrió un procedimiento administrativo sancionatorio contra la concesionaria Sencia, con base en un informe de la interventoría que evidenció presuntos incumplimientos en el mantenimiento de la gramilla del estadio. La audiencia de descargos fue citada para el 29 de octubre a las 9:00 de la mañana. El concejal Quintero celebró la decisión: «El control político a veces es el despertador de una administración dormida», afirmó, al considerar que la apertura del proceso demuestra que sus denuncias no eran infundadas.
«La minuta publicada en el proceso de selección abreviada decía expresamente que esos costos se reconocerían en caso de que el originador no resulte adjudicatario.»
Juan David Quintero, concejal de Bogotá
Desde el Idrd, en tanto, se reforzaron las exigencias de seguimiento a la interventoría, especialmente con miras al concierto programado de Ryan Castro el 31 de octubre, para el cual se requiere que el escenario esté en óptimas condiciones. La entidad ha reiterado que el proceso sancionatorio no se originó por la denuncia de Quintero, sino por los hallazgos técnicos de la interventoría, pero el concejal insiste en que los interrogantes sobre el pago de 26.101 millones de pesos y la modificación de plazos contractuales siguen sin respuesta clara. Mientras tanto, la Contraloría de Bogotá continúa su auditoría integral, y la polémica alrededor de una de las concesiones más emblemáticas de la capital no da tregua.
