La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó el arresto y la multa impuestos al periodista Alejandro Villanueva, director del medio digital Desigual, y alertó sobre la exposición de sus datos personales en el expediente judicial. En un pronunciamiento fechado el 13 de abril de 2018, la organización denunció que el Juzgado 85 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá sancionó al comunicador con dos días de arresto en instalaciones de la Sijín y una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, por un presunto desacato a una orden judicial.
El caso se originó a raíz de una acción de tutela presentada por José Gregorio Arias Rojas contra Alejandro Villanueva, por contenidos publicados en el marco de una investigación periodística de Desigual. Las publicaciones vinculaban a Arias Rojas con alias “El Faraón”. El juzgado ordenó al periodista retirar esos contenidos y realizar rectificaciones en sus redes sociales. Al considerar que no se cumplió dicha orden, se declaró el desacato y se impuso la sanción. La FLIP sostiene que en esta decisión no se ponderó suficientemente la naturaleza periodística de las publicaciones ni las garantías constitucionales de libertad de expresión.
Exposición de datos personales y riesgos de seguridad
La FLIP también puso de manifiesto una grave irregularidad procesal: el periodista no fue notificado del fallo de tutela. El juzgado, en cambio, solicitó sus datos personales a una empresa y estos fueron incorporados al expediente sin ninguna reserva, quedando a disposición de la contraparte. Alejandro Villanueva es un periodista que ha sido amenazado anteriormente, por lo que la exposición de su información incrementa los riesgos para su integridad física y la de su entorno. La organización solicitó medidas inmediatas para evitar la circulación de esos datos y proteger la seguridad del comunicador.
Asimismo, la FLIP pidió que la sanción sea revisada por un juez superior, al considerar que su proporcionalidad es cuestionable. La combinación de una pena privativa de la libertad con la multa y la exposición de datos personales, advirtió la fundación, puede generar un efecto intimidatorio sobre otros periodistas que investigan temas de interés público. El debate no se centra en si el periodismo excluye el cumplimiento de órdenes judiciales, sino en si las medidas adoptadas respetaron el debido proceso, la libertad de expresión y las garantías de seguridad del periodista. El caso permanece abierto a revisión por la autoridad judicial competente.
