La ministra de Trabajo, Natalia López, instaló formalmente la mesa de concertación para definir el aumento del salario mínimo de 2027, en medio de un intenso debate que enfrenta un criterio técnico, respaldado por la inflación y la productividad, contra una fuerte presión política que podría llevar el incremento por encima del 10 por ciento. La discusión, que se desarrolla durante los últimos meses del año en el Ministerio de Trabajo, arranca con dos escenarios claramente diferenciados: uno que sugiere una subida cercana al 8 por ciento y otro que, impulsado por las centrales obreras y sectores del Gobierno, aspira a un alza superior de dos dígitos.
El ambiente de la negociación está marcado por el espinoso antecedente del incremento del 23 por ciento aplicado para 2026, el cual se encuentra suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado desde febrero pasado. Aquel aumento, fijado mediante el Decreto 1469 de 2025, fue reemplazado temporalmente por el Decreto 159 de 2026, que mantiene la misma cifra mientras el tribunal define un fallo de fondo. La ministra López, quien lidera la concertación por primera vez, ha señalado su intención de retomar las variables económicas tradicionales —inflación prevista y productividad— para calcular el nuevo salario, dejando de lado formalmente el concepto de salario mínimo vital promovido por la OIT y que el gobierno anterior utilizó como justificación para el elevado incremento del año pasado.
Las cifras sobre la mesa
La fórmula técnica, que combina una inflación estimada del 6,8 por ciento con un crecimiento de la productividad del 1,2 por ciento, arroja un aumento cercano al 8 por ciento. Los economistas del Banco de Bogotá, citados por la revista Semana, proyectan un incremento del 8,5 por ciento, lo que situaría el salario mensual en aproximadamente 1,89 millones de pesos, sin incluir el auxilio de transporte. Sin embargo, las centrales obreras presionan por una subida mayor, amparadas en el discurso del salario vital, mientras que algunos analistas no descartan que el Gobierno ceda a consideraciones políticas y autorice un aumento superior al 10 por ciento, especialmente en un contexto donde los primeros incrementos de una administración suelen ser más moderados que los de su fase final.
“Una cosa es no subir y otra cosa es bajar, y aquí no va a haber ninguna disminución”
Camilo Cuervo, abogado laboralista
El abogado laboralista Camilo Cuervo advierte que, independientemente del resultado de la concertación, el salario mínimo no descenderá. Al mismo tiempo, considera probable que el Consejo de Estado anule el decreto original de 2026, aunque aclara que el efecto sería principalmente político y no afectaría los salarios ya pagados ni los derechos adquiridos de los trabajadores. Por su parte, Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad Externado, matiza las expectativas sobre el salario vital, al recordar que la actual ministra nunca ha planteado adoptar ese concepto como lo anunciaba el Gobierno anterior.
“Nunca ha dicho que haya que adoptar el salario vital como sea, tal como anunciaba el Gobierno anterior”
Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad Externado de Colombia
La negociación de fin de año definirá si el Ejecutivo se mantiene firme en un criterio técnico o si cede ante las presiones políticas que, según fuentes de los gremios de empleadores, podrían desatar un nuevo frente de litigio. Mientras las centrales obreras mantienen su aspiración de un incremento que compense el costo de vida, los empleadores insisten en que cualquier alza debe ser sostenible para no afectar la generación de empleo. La ministra López tiene la palabra para conducir una concertación que, por ahora, camina entre dos caminos opuestos: la prudencia económica y la presión social.
