El representante a la Cámara Daniel Monroy, del Pacto Histórico, denunció este viernes 23 de octubre que Gina González Grau, secretaria general de la Cancillería, se certificó a sí misma cinco años de experiencia laboral a través de una empresa de su propiedad que solo existió tres años. La denuncia fue difundida a través de la cuenta en X del congresista, quien aseguró que la funcionaria debió haber realizado la certificación ante un notario y no mediante su propio negocio, lo que, a su juicio, constituye una irregularidad y un posible acto delictivo.
Monroy explicó que González Grau habría certificado cinco años de experiencia laboral valiéndose de una empresa de su propiedad, pero la compañía solo estuvo activa durante tres años, lo que deja sin respaldo los dos años restantes. El congresista relacionó esta denuncia con otras polémicas similares que han salpicado al Gobierno de Abelardo de la Espriella, como los cuestionamientos a la directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, y el escándalo del canciller Omar Bula Escobar, revelado por Casa Macondo. “No les bastó con los certificados chimbos que habría presentado la directora del Icbf y el escándalo del canciller Omar Bula, sino que ahora tenemos este nuevo escándalo”, afirmó Monroy.
Las pruebas y los señalamientos
El representante aseguró que ya recolectó información sobre la irregularidad y que, si la Cancillería no entrega respuestas oficiales y concretas, acudirá a las instancias judiciales para denunciar el acto que, según él, cometió la secretaria general. “Se habría certificado cinco años de experiencia a través de su propia empresa, cuando ella debió haberlo hecho a través de un notario. La gravedad sigue aumentando cuando evidenciamos que la empresa que la terminó certificando, insisto, de su propiedad, existió solamente tres años”, subrayó el congresista. Monroy también lanzó una pregunta directa a la funcionaria: “¿De dónde sacó los otros dos años de experiencia, señora Gina? Le preguntamos”.
En su denuncia, Monroy fue enfático al señalar que no pueden seguir aparentando estudios y experiencia que no poseen para ocupar altos cargos en el Gobierno nacional. Esta situación se suma a las controversias que enfrenta la administración de De la Espriella, donde ya se habían presentado cuestionamientos por presuntas inconsistencias en certificaciones laborales de otros funcionarios. La directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, por ejemplo, respondió a señalamientos similares afirmando que no renunciará y que se defenderá con sus abogados. Además, el senador Duvalier Sánchez y el concejal Julián Triana, de la Alianza Verde, anunciaron denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía contra Restrepo por una certificación firmada por Érika Jiménez, quien posteriormente fue contratada en el ICBF por tres meses por al menos 25 millones de pesos.
“No puede ser que sigan aparentando unos estudios, aparentando una experiencia que no tienen para ocupar altos cargos en el Gobierno nacional. Si la Cancillería no nos da las respuestas oficiales y concretas, acudiremos a las instancias judiciales para denunciar este acto que cometió la Secretaría General”.
Daniel Monroy, representante a la Cámara por Bogotá (Pacto Histórico)
El legislador aseguró que continuará recabando información y que no permitirán que este tipo de situaciones queden impunes. La Cancillería, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente sobre la denuncia de Monroy, mientras el representante reitera su advertencia de llevar el caso a la Fiscalía si no obtiene respuestas claras y oportunas. El escándalo se suma a una serie de cuestionamientos que han puesto bajo la lupa la idoneidad y transparencia de varios altos funcionarios del Gobierno de Abelardo de la Espriella, en medio de crecientes críticas por los procesos de selección y certificación de experiencia en el sector público.
