La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, reactivó el debate sobre la verificación de títulos académicos de funcionarios públicos al retomar el Proyecto de Ley 019 de 2026, que busca habilitar una consulta pública en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). La iniciativa, que lleva años de preparación y ha quedado fuera de agenda legislativa en dos ocasiones, cobró fuerza luego de que múltiples altos cargos del Gobierno fueran señalados por presuntas inconsistencias en sus credenciales, entre ellos la directora del Icbf, Carolina Restrepo Cañavera, y el canciller Omar Bula Escobar.
El proyecto, concebido originalmente en 2017 como una propuesta para la Procuraduría General de la Nación y luego redactado para el entonces senador Inti Asprilla, propone utilizar el SNIES ya existente para que cualquier ciudadano pueda consultar información básica de títulos universitarios de graduados en Colombia y convalidaciones de estudios en el exterior. Según explicó Carrascal en un video difundido a través de Instagram, la plataforma incluiría datos como el nombre e identificación del egresado, el programa cursado, el título otorgado, la institución educativa, la fecha de grado y el acta o resolución correspondiente, cubriendo títulos expedidos desde el año 2003.
Debate revive tras escándalos de credenciales
La congresista afirmó que la verificación de títulos no puede seguir dependiendo de derechos de petición, respuestas de universidades o investigaciones periodísticas, y que la transparencia debe ser una regla aplicable a todos sin excepción. En su intervención, Carrascal recordó casos de distintos sectores políticos que en el pasado enfrentaron cuestionamientos por estudios no completados o títulos irregulares, como los de Iván Duque en 2018, Jennifer Arias por plagio de tesis en 2021, Julián Bedoya (cuyo título de abogado fue restituido por la Corte Constitucional), John Jaime Sánchez, César Suárez Mira, Óscar Hernando Motta, y otros sobre falsos médicos, veterinarios y docentes.
“¿Quién verifica los títulos de quienes nos gobiernan?”
María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara (Pacto Histórico)
El trámite legislativo deberá definir aspectos clave como el alcance de la consulta, la protección de datos personales, las responsabilidades de las instituciones educativas y los mecanismos para corregir inconsistencias. Carrascal subrayó que se trata de “establecer reglas claras, iguales para todos, sin importar el partido político, el cargo o el poder de quien deba acreditar sus estudios” y que “la transparencia no tiene partido y no puede seguir esperando”.
Paralelamente, el senador Duvalier Sánchez y el concejal Julián Triana, ambos de la Alianza Verde, anunciaron que acudirán a la Procuraduría y a la Fiscalía para investigar presuntas inconsistencias en los documentos con los que Carolina Restrepo acreditó experiencia laboral, mencionando una certificación relacionada con Restrepo Cañavera S.A.S. y el rol de Érika Jiménez. Restrepo, por su parte, defendió a Jiménez, delegó su defensa jurídica en abogados particulares y aseguró que no renunciará al cargo.
El proyecto también se reactiva en medio de la investigación del medio Casa Macondo sobre el canciller Omar Bula, que señaló que habría presentado un curso ejecutivo de cinco días en Harvard como formación técnica, un certificado de educación continua de la Universidad George Washington como especialización, y una maestría con doble titulación como dos posgrados independientes; además, estudios en la Universidad de Lovaina y un programa de Harvard no figurarían como títulos verificables. El canciller no respondió preguntas del medio. A su vez, el representante Daniel Monroy (Pacto Histórico) denunció que Gina González Grau, secretaria general de la Cancillería, se habría certificado a sí misma cinco años de experiencia.
“La transparencia no puede depender de cuánto tiempo tenga un ciudadano ni de qué tan difícil sea conseguir la información”
María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara
Con el debate sobre la veracidad de las credenciales instalado en la opinión pública, Carrascal insiste en que su proyecto “lleva años de trabajo y compromiso, y merece la oportunidad de ser debatido”. La iniciativa, que aprovecha un sistema existente sin crear una nueva entidad, busca que cualquier persona pueda consultar información sobre títulos, instituciones y fechas de grado, en un intento por cerrar la puerta a la incertidumbre que rodea a quienes ejercen el poder público.
