El Consejo de Generales de la Reserva Activa del Ejército Nacional (CGREN) solicitó formalmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que evalúe si las declaraciones públicas de la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, constituyen una causal de impedimento legal que afecte su imparcialidad en los procesos del Macrocaso 03. La petición, contenida en un comunicado fechado el 22 de octubre, fue dirigida a la propia magistrada y a los integrantes del Órgano de Gobierno del tribunal de paz, y se fundamenta en afirmaciones que Díaz Gómez realizó en una entrevista publicada el 5 de octubre de 2026 por el diario El Espectador.
En esa entrevista, la magistrada sostuvo que la Justicia Penal Militar funcionó como un mecanismo de encubrimiento de crímenes durante el periodo de competencia de la JEP, es decir, hechos anteriores al 1 de diciembre de 2016. Díaz Gómez afirmó textualmente: “En los casos de la JEP están todas las pruebas de que en muchos esa instancia funcionó como un mecanismo de encubrimiento de los crímenes, donde muchas investigaciones por falsos positivos fueron archivadas y nunca llegaron a ninguna identificación de presuntos responsables”. Además, relató que antiguos miembros del Ejército le habrían señalado a los jueces penales militares como colaboradores en ese encubrimiento, citando una supuesta instrucción de un funcionario judicial militar para ejecutar a una persona durante una inspección de cadáver, sin que se identificaran el funcionario, la fecha, el número del caso ni la existencia de una denuncia.
Fundamentos legales de la solicitud
El CGREN invocó los artículos 23 y 230 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley 1957 de 2019 y el Reglamento General de la JEP, así como el artículo 103 de la misma ley que remite al artículo 56 de la Ley 906 de 2004, el cual establece como causal de impedimento que “el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”. Según la organización, las declaraciones de Díaz Gómez configuran una opinión anticipada sobre asuntos que están bajo su conocimiento en el Macrocaso 03, lo que genera una duda objetiva y justificada sobre su imparcialidad. El Consejo subrayó que no es necesario demostrar que la magistrada adoptará una decisión parcializada, sino que existen hechos verificables que ponen en riesgo esa garantía procesal.
“Mire, los jueces penales militares colaboraron con nosotros en su momento para encubrir los crímenes”, afirmó la magistrada, citando lo que, según su relato, le manifestaron antiguos miembros del Ejército.
Catalina Díaz Gómez, magistrada de la JEP
El CGREN también advirtió que estas afirmaciones fueron realizadas en una entrevista periodística, no en una providencia judicial, lo que impidió que las partes ejercieran su derecho de contradicción. La solicitud se presenta en nombre de la organización como entidad, no como representación judicial de un compareciente específico, y pide al Órgano de Gobierno de la JEP que evalúe si las declaraciones configuran la causal de impedimento y, de ser así, que se adopten las medidas correspondientes para garantizar la imparcialidad en el Macrocaso 03.
El debate se da en el marco de un proyecto de acto legislativo que busca establecer un mecanismo de revisión de las sentencias de la JEP contra exintegrantes de la fuerza pública por parte del Tribunal Superior Militar y Policial. Precisamente, ese tribunal, presidido por el coronel Roberto Ramírez García, rechazó las generalizaciones sobre esa jurisdicción y defendió su labor. La controversia pone de manifiesto las tensiones entre la jurisdicción militar y la JEP, en un contexto donde las decisiones sobre la verdad y la justicia transicional siguen siendo altamente sensibles para los actores involucrados en el conflicto armado colombiano.
