Coosalud EPS, una de las entidades de salud más grandes del país con más de tres millones de afiliados, pasó de tener un patrimonio positivo de 290.183 millones de pesos a un déficit de 3,7 billones de pesos tras un año de intervención estatal ordenada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La intervención administrativa, que comenzó el 22 de noviembre de 2024 por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y se extendió a la Cooperativa Coosalud en diciembre del mismo año, ha dejado al descubierto un panorama de graves irregularidades financieras que incluyen pagos en casinos, retiros en efectivo sin soporte, contratos por casi mil millones de pesos sin documentos que acrediten su ejecución y un incremento del 164% en quejas por procedimientos quirúrgicos, que pasaron de 2.896 antes de la intervención a 7.647 durante la misma.
El presidente Petro, en una comunicación del 6 de noviembre de 2024 dirigida al entonces nuevo superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, fue contundente: “En mi opinión debe ser intervenida, ya usted lo examinará”. Esa orden se materializó días después, cuando la Superintendencia tomó posesión de la EPS, y un mes más tarde la Superintendencia de la Economía Solidaria intervino la cooperativa que controlaba el 94,49% de las acciones del asegurador. El deterioro financiero fue tan acelerado que los hallazgos documentados hasta septiembre de 2026 —en investigaciones de la revista Cambio— revelaron pagos realizados con tarjetas corporativas de la cooperativa en el Texas Luxury Casino, donde se registraron cuatro desembolsos por cinco millones de pesos cada uno el 23 de septiembre de 2025, y en el local de adultos El Paraíso del Marino, con dos pagos de 400.000 pesos cada uno el 28 de noviembre del mismo año. Además, la firma Portichelly, dedicada a uniformes y cuyo representante legal es Jhonathan Mauricio Ortiz, realizó retiros en efectivo por más de 56 millones de pesos entre agosto y diciembre de 2025, incluyendo uno de 14,6 millones el 25 de septiembre.
Un agujero financiero de 3,7 billones
La magnitud del descalabro financiero contrasta con el historial de Coosalud, que nació en 1994 como una cooperativa de salud en el barrio El Pozón de Cartagena y que en 2017 separó el negocio de aseguramiento en una sociedad por acciones, aunque la cooperativa mantuvo el control mayoritario. Para el momento de la intervención, la cooperativa era cabeza de un grupo de nueve sociedades, entre ellas Inversa (inversiones), Soluinnova (administración de inmuebles), Portichelly (uniformes), Alma Servicios (tareas administrativas), Eventravels (turismo), Serenity Company IPS, la Clínica Hemato-Oncológica Bonadonna en Barranquilla y el Hospital Bocagrande en Cartagena. A pesar de ser reconocida internacionalmente —el World Cooperative Monitor 2025 la ubicó en el puesto 92 entre las 300 mayores cooperativas del mundo—, los números revelan una gestión que generó alarmas. Durante la intervención, el interventor Andrés Felipe Arango Romero presentó una lista única para la junta directiva de Coosalud Inversa que incluía a la periodista Martha Elena Zawady, prima de María Masip Zawady, conocida como ‘la Coco’ y señalada como parte del grupo “mariposas amarillas” cercano a Petro.
Las tutelas exigiendo atención médica también se dispararon: pasaron de 16.845 en 2024 a 20.194 en 2025, reflejando el creciente malestar de los usuarios. Entre los hallazgos más preocupantes está la contratación de Soluinnova con Transsem por 972 millones de pesos entre abril y mayo de 2025, con anticipos por 399 millones de pesos, de los cuales 299 millones fueron transferidos y 100 millones entregados en efectivo, sin que se encontraran documentos que acreditaran la entrega de ese dinero ni actas de avance de las obras contratadas. Sixto Andrés Fernández Casas, representante legal de Soluinnova, y Alejandro González Pérez, su suplente, también figuraban como representante legal de Transsem, el contratista, y este último tenía un contrato como auxiliar jurídico en Soluinnova por tres millones de pesos mensuales.
Embargos, deudas y gastos sin control
La situación judicial de la cooperativa es igualmente crítica. Se registraron 26 embargos sobre sus cuentas por un total de 16.272 millones de pesos, y las diferencias entre los saldos bancarios y los contables alcanzaron los 7.479 millones de pesos. Las deudas tributarias de la cooperativa y cinco empresas vinculadas sumaban 5.041 millones de pesos para septiembre de 2026. Durante la intervención, se contrataron tres firmas de asesoría jurídica por 3.629 millones de pesos, y solo en agosto de 2026 se hicieron pagos por 1.450 millones de pesos a empresas sin contratos vigentes. Los gastos mensuales por honorarios y asesorías externas ascendían a al menos 594 millones de pesos. Un juzgado civil de Cartagena ordenó el 26 de agosto devolver la administración de la cooperativa a sus asociados por falta de justificación de la prolongación de la intervención. La asamblea asumió el control transitorio el 31 de agosto, y nombró a Jorge Luis Torrecilla Benavides como encargado de recibir la entidad, en medio de un escenario donde el presidente Petro había advertido sobre posibles desvíos de recursos públicos hacia paraísos fiscales.
“En mi opinión debe ser intervenida, ya usted lo examinará”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Mientras el gobierno enfrenta críticas por la gestión de la intervención y los hallazgos de irregularidades, los más de tres millones de afiliados a Coosalud EPS continúan a la espera de soluciones concretas que garanticen la prestación de servicios de salud, en medio de un escenario donde las quejas por cirugías y las tutelas no dejan de aumentar, y donde la sombra de una red de desvío de fondos públicos, como la denunciada por el propio presidente, aún no se disipa por completo.
