El expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, luego de que la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, solicitara a la congresista rectificar declaraciones que calificó como “falsas o sin sustento” contra la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Julieta Lemaitre. A través de su cuenta oficial en X, Uribe pidió que no se ponga en riesgo a la legisladora, a quien describió como “joven, preparada, sincera”, y subrayó: “Que no se le ponga en riesgo por favor”. La reacción del exmandatario se suma a un creciente respaldo político hacia Posada y el senador Germán Rodríguez, ambos citados por la Defensoría para que rectificaran afirmaciones contra Lemaitre, solicitud que los congresistas rechazaron de plano.
María Clara Posada, en una carta fechada el 24 de octubre de 2026 dirigida a Iris Marín y a la defensora encargada Paula Cristina Aponte Urdaneta, manifestó su negativa a retractarse y defendió sus dichos bajo el amparo de los artículos 20, 114 y 133 de la Constitución, así como de la Ley 5 de 1992, que regulan la labor de control político de los congresistas. “No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre las presuntas irregularidades en la JEP. Además, dejo constancia que este ataque organizado entre la JEP y la Defensoría del Pueblo expone mi seguridad a una situación de riesgo mayor”, afirmó la senadora en el documento. Posada también cuestionó el trato recibido por Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, en diligencias judiciales y las diferencias de tratamiento entre exintegrantes de las Farc y miembros de la fuerza pública ante la JEP, aspectos que habrían motivado el pedido de rectificación.
Respaldos políticos y críticas a la Defensoría
El director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, también se pronunció en respaldo tanto de Posada como del senador Germán Rodríguez, a quien aseguró que “no va a ser intimidado ni puede ser intimidado por una entidad pública que se mete en causa propia a restringir el derecho y la capacidad de hacer política de nuestros congresistas”. Gómez calificó la solicitud de la Defensoría como “abusiva” y cuestionó el accionar del organismo: “La Defensoría del Pueblo no es para causas personales ni amiguismos, por más cercanos que sean con la doctora magistrada Lemaitre Ripoll. No mal informe al pueblo colombiano”. Además, lanzó una crítica directa: “¿Cuál es el verdadero interés de la Defensoría en sostener la burocracia de la JEP y andar blindando a las FARC a toda hora?”.
Por su parte, Germán Rodríguez, senador de Salvación Nacional, afirmó que sus intervenciones permitieron que el país conociera las declaraciones de la magistrada Lemaitre durante las audiencias contra Rodrigo Londoño y otros integrantes de las Farc, lo que, según su criterio, justifica su derecho a ejercer control político sin restricciones. En su carta, María Clara Posada fue contundente al señalar: “No tengo que pedirle permiso para decidir qué hechos investigar, qué gastos cuestionar ni qué opiniones expresar sobre una entidad financiada con recursos públicos”. El cruce de declaraciones pone de manifiesto una creciente tensión entre algunos sectores del Congreso y la Defensoría del Pueblo, en el marco del debate sobre los límites del control político y la autonomía de la JEP.
