La contratista Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, quien declaró ante la opinión pública que obtuvo contratos estatales a cambio de favores sexuales al expresidente Gustavo Petro, suscribió cinco contratos por un valor cercano a los cien millones de pesos durante el cuatrienio del mandatario. La revelación, difundida por la revista Semana, llevó al Ejecutivo de Abelardo de la Espriella a activar de manera urgente una ruta de seguridad para la denunciante a través de la Unidad Nacional de Protección. Los contratos, firmados entre marzo de 2023 y enero de 2026, corresponden al Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, todos bajo la modalidad de contratación directa para servicios asistenciales de archivo, digitación y apoyo logístico.
De acuerdo con el rastreo de archivos contractuales públicos, el primer contrato se registró en marzo de 2023 en el Senado por siete millones de pesos; en septiembre del mismo año se firmó un segundo por treinta y cuatro millones, identificado con el radicado CDPS-SEN-695-2023. Ya en junio de 2025, Jiménez aparece vinculada a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con un contrato por dieciocho millones, y el 28 de agosto de ese mismo año suscribió con el Ministerio del Interior el contrato 1826 de 2025, por once millones ciento cincuenta y un mil trescientos treinta y ocho pesos. El último de los cinco contratos fue firmado el 21 de enero de 2026, nuevamente con el Ministerio del Interior, por treinta millones de pesos. Incluyendo vínculos contractuales previos, el total de los recursos recibidos por la denunciante en un lapso de cinco años supera los ciento treinta millones de pesos.
Contratación directa y perfil de la denunciante
Todos los contratos se celebraron sin concurso público, en un esquema de asignación directa. En los documentos oficiales la contratista aparece con la grafía “Deyci”, aunque en medios y entidades se utiliza la forma “Deicy”. Jiménez figura como bachiller académico del colegio Capacitación 2.000 y declara experiencia en el sector audiovisual independiente. La Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior emitió un certificado de idoneidad para su perfil el 28 de agosto de 2025, el mismo día en que se rubricó uno de los contratos. La cláusula de ese contrato detallaba las funciones encomendadas a la contratista.
“Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, apoyando en la consolidación de los informes que se requieran para los proyectos y/o contratos que se encuentran en la etapa de ejecución y liquidación, financiados y/o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON”.
Cláusula del contrato del Ministerio del Interior
Gobierno activa ruta de protección
El pronunciamiento del Gobierno se produjo el domingo 25 de octubre de 2026, cuando el Ejecutivo confirmó la activación inmediata de un mecanismo de seguridad para Jiménez. Las medidas fueron instruidas personalmente por el presidente Abelardo de la Espriella y ejecutadas por el ministro de Justicia y del Interior encargado, Iván Cancino González. En el comunicado oficial, el Ministerio del Interior fue enfático al justificar la decisión.
“La protección de la vida no admite dilaciones. Ninguna persona debe sentir temor por ejercer su actividad política, social o periodística, ni por expresar libremente su testimonio. En Colombia, nadie debe ser silenciado mediante amenazas, intimidaciones o represalias”.
Ministerio del Interior
El caso se inscribe en una investigación más amplia sobre una presunta red de mujeres contratadas irregularmente durante el gobierno de Gustavo Petro, denunciada inicialmente por la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Jiménez es la primera persona en declarar públicamente que recibió asignaciones laborales a cambio de favores personales para el exmandatario, y señaló que entre treinta y cuarenta jóvenes estarían vinculadas bajo esquemas similares. En su testimonio, difundido por la revista Semana, relató encuentros privados, fiestas y el presunto uso de recursos institucionales. La misma publicación asegura que Jiménez posee videos íntimos con Petro. La Fiscalía General de la Nación y los entes de control analizarán el acervo probatorio para determinar responsabilidades frente a unas declaraciones que comprometen directamente al expresidente.
