El abogado Alejandro Carranza, representante legal del expresidente Gustavo Petro, anunció a través de su cuenta en la red social X la radicación de una demanda penal y patrimonial contra la revista Semana y la periodista Victoria Eugenia «Vicky» Dávila. La acción judicial, calificada por Carranza como «multillonaria», responde a un reportaje publicado por Semana que vincula a Petro con la obtención de contratos estatales a cambio de favores sexuales y la presunta compra de estupefacientes. Carranza afirmó que la demanda será presentada ante los tribunales durante la presente semana, sin especificar la jurisdicción ni la fecha exacta.
En su pronunciamiento, Carranza sostuvo que el reportaje carece de sustento probatorio y vulnera de manera flagrante la presunción de inocencia. Criticó que la información se base exclusivamente en el relato de una sola persona, Deicy Alejandra Jiménez, de 29 años, sin que se hubiera solicitado la versión del exmandatario. «El reportaje de odio de Dávila se basó solo en el relato de una persona, sin pedirle su versión al expresidente. Muestra chats que no demuestran nada y no hay evidencia de que los contratos se dieran a cambio de favores sexuales, todo un escándalo editorializado», señaló el jurista en su cuenta de X.
Las acusaciones de Carranza contra el trabajo periodístico
El abogado también cuestionó la metodología empleada por la periodista Vicky Dávila, a quien acusó de inducir las respuestas de la entrevistada mediante preguntas que, según su criterio, afirman, condenan e imputan sin sustento. «Lo más grave no lo dice la entrevistada: lo formula Dávila sin ética ni respeto al mínimo estándar periodístico. En sus preguntas afirma, condena e imputa, induciendo la respuesta por la que tendrán que responder penal y patrimonialmente», declaró Carranza. Asimismo, advirtió que la presunción de inocencia no se suspende por un «titular populista» y que la acción legal incluirá tanto a la periodista como a la revista.
Carranza no solo apuntó contra el contenido del reportaje, sino también contra la cronología de su publicación. Señaló que la difusión se produjo después del fin del mandato presidencial de Gustavo Petro, lo que consideró un indicio de intencionalidad política. En sus palabras, el trabajo de Semana busca «preparar a sus lectores como borregos para las próximas elecciones», una frase que dejó entrever la tensión política que rodea el caso.
El reportaje de Semana y la versión de Vicky Dávila
La publicación firmada por Vicky Dávila se basa en una entrevista con Deicy Alejandra Jiménez, quien afirma haber mantenido una relación íntima con Gustavo Petro desde 2019. Según Jiménez, a cambio de dicha relación habría recibido contratos de prestación de servicios en el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior. La fuente sostiene que existió un grupo de entre 30 y 40 mujeres que habrían sido contratadas bajo esquemas similares, y que posee chats, fotografías y archivos digitales como respaldo, incluido el supuesto transporte de estupefacientes en equipaje de mano.
Frente a las críticas, Vicky Dávila defendió su trabajo periodístico. «El expresidente Gustavo Petro tiene derecho a una vida privada, como cualquier ciudadano. Pero si siendo presidente, esa intimidad interfería con sus funciones y de por medio había además pagos con plata pública, presuntos abusos de poder y hasta posibles delitos, el país debe conocer esa información y la justicia debe investigar», justificó la periodista. Dávila agregó que la fuente contactó a la revista por correo electrónico a finales de julio de 2026 y que la entrevista se concretó semanas después por razones de seguridad personal.
Contexto político y reacciones institucionales
El caso ha adquirido relevancia en el ámbito político, especialmente después de que el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, reportara ante el Congreso la presunta instrumentalización de más de 40 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios durante el gobierno pasado. Esto ha abierto un debate sobre el uso de recursos públicos y la posible existencia de redes de contratación irregular en el Estado.
Carranza, por su parte, insistió en que el reportaje carece de decisiones judiciales en firme y que las afirmaciones de Jiménez no han sido contrastadas con la realidad documental. «Lo más grave no lo dice la entrevistada: lo formula Dávila sin ética ni respeto al mínimo estándar periodístico», reiteró, subrayando que la demanda buscará una reparación patrimonial por el daño causado a la imagen de su representado. La controversia promete mantenerse en el centro del debate público mientras se espera la radicación formal de la demanda y la correspondiente respuesta de los tribunales.
