La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar la totalidad de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos estatales durante el gobierno del exmandatario Gustavo Petro, tras las denuncias de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y el impactante relato de la joven Deicy Jiménez, quien aseguró haber obtenido convenios a cambio de favores sexuales. La investigación preliminar, aperturada el pasado 23 de octubre, fue anunciada formalmente el lunes 26 de octubre y será asumida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien contará con un equipo especializado para analizar contratos, testimonios y documentación de las entidades involucradas. Ese mismo lunes se fijaron las primeras citaciones para recaudar las versiones de los implicados.
El eje de la pesquisa se centra en el presunto delito de abuso de función pública y abarca, además del Dapre, a otras dos dependencias del anterior Gobierno: el Congreso de la República, específicamente el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Deicy Jiménez, cuyo relato se conoció el domingo 25 de octubre a través de una entrevista con la revista Semana, afirmó que conoció a Gustavo Petro en 2019 mediante una página para adultos y que, tras un primer encuentro, el entonces senador comenzó a gestionarle contratos estatales. La denunciante sostuvo que entre 30 y 40 mujeres habrían obtenido convenios bajo esquemas semejantes, lo que ha puesto en el centro del debate la presunta red clientelar.
Los contratos bajo la lupa
Jiménez estuvo vinculada al Estado mediante al menos cinco contratos que sumaron un total de 100.151.338 pesos colombianos durante el anterior cuatrienio. El primero de ellos, suscrito con el Senado en marzo de 2023, ascendió a 7.000.000 de pesos. Un segundo contrato con la misma corporación, radicado con el código CDPS-SEN-695-2023, se firmó en septiembre de 2023 por 34.000.000 de pesos y tuvo ejecución hasta julio de 2024. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le adjudicó un convenio en junio de 2025 por 18.000.000 de pesos, mientras que el Ministerio del Interior le otorgó uno por 11.151.338 pesos. Además, este último ministerio registró una renovación el 21 de enero de 2026 por 30.000.000 de pesos, con vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año.
Todos los contratos se celebraron bajo la modalidad de contratación directa para labores de archivo, digitación, organización documental y apoyo a la gestión. En el Senado, Jiménez prestó servicios en la Primera Vicepresidencia de la corporación, entonces encabezada por la senadora María José Pizarro. La afectada acreditó formación como bachiller académica y experiencia en el sector audiovisual independiente, perfil que ahora será contrastado con los testimonios y la documentación. La Fiscalía ha anunciado que el análisis fiscal confrontará fechas, objetos pactados, informes de ejecución y soportes de pago para determinar si existieron irregularidades. Es importante señalar que la apertura de esta noticia criminal no supone imputación de cargos ni define responsabilidades penales o disciplinarias, y el ente acusador podrá formular nuevas hipótesis si encuentra elementos que las sustenten o cerrar el caso si determina que no hubo anomalías.
