El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ocupó la semana posterior al terremoto del 10 de agosto de 2026 para emitir una alocución desde la sede presidencial en Barranquilla, con la que buscó despejar las críticas que habían surgido en torno a la gestión del Fondo Patria Milagro. En su intervención, el mandatario fue contundente al precisar que los aportes del sector privado no se mezclan con los recursos públicos, aclarando que las contribuciones de empresarios, fundaciones y donantes permanecen bajo la administración directa de las empresas y organizaciones donantes, sin ingresar al Fondo Patria Milagro ni al Presupuesto General de la Nación.
La explicación del presidente surgió como respuesta a los cuestionamientos sobre el manejo de las donaciones en medio de la emergencia nacional. De la Espriella subrayó que el fondo, constituido con recursos propios del Estado en un tiempo récord de mes y medio —cuando en condiciones normales el proceso demanda entre seis y ocho meses—, ya se encuentra en ejecución con una hoja de ruta definida. Los recursos públicos movilizados ascienden a cerca de un billón de pesos, mientras que el sector privado comprometió una cifra superior al billón de pesos, destinada a complementar la ayuda a las familias damnificadas mediante canales independientes.
Recursos separados para la reconstrucción
Abelardo de la Espriella fue enfático al describir el modelo de administración de los fondos para la reconstrucción de viviendas e infraestructura y la atención de emergencias. Explicó que el Gobierno define los proyectos junto con el sector privado y verifica que se ejecuten conforme a las necesidades de la población afectada, pero los recursos nunca pasan por las arcas del Estado. «Miren: los aportes de los empresarios, las fundaciones y los donantes privados no ingresan al Fondo Patria Milagro ni al Presupuesto General de la Nación. Que quede absolutamente claro», afirmó el presidente, en un mensaje directo a quienes habían puesto en duda la transparencia del proceso.
«Resulta que, en circunstancias normales, un fondo de estos toma entre seis y ocho meses. Nosotros lo hicimos en un mes y medio porque no nos podemos dar el lujo de parar: tenemos que resolverle a la gente.»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
El mandatario destacó que la celeridad en la creación del fondo fue posible porque se utilizaron recursos propios del Estado, y que la primera partida de un crédito aprobado con el Banco Mundial, por 624 mil 656 millones de pesos, ya fue recibida para impulsar las labores iniciales. Además, adelantó que para noviembre se prevén nuevas adiciones al fondo, sin especificar montos, como parte del plan de reconstrucción que avanza en las zonas más golpeadas por el sismo.
Durante su alocución, De la Espriella también se refirió al Presupuesto General de la Nación para 2027, cuya aprobación había enfrentado diferencias entre el Senado y la Cámara de Representantes, y anunció medidas complementarias en materia de gasto público, capacitación laboral y respaldo a emprendimientos. «El sector privado ha comprometido más de un billón de pesos para apoyar a las familias damnificadas, pero esos recursos son administrados directamente por las empresas, las fundaciones y sus propias organizaciones. Nosotros definimos los proyectos con ellos y verificamos que todo se haga de acuerdo con las necesidades de la gente afectada», puntualizó.
«No son recursos que reciba ni administre el Gobierno nacional. Son contribuciones independientes que complementan la inversión pública y permiten ampliar la ayuda a las comunidades afectadas.»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Con esta aclaración, el Gobierno busca garantizar que tanto los recursos públicos como los privados operen por canales separados pero articulados, en un esfuerzo por maximizar el impacto de la reconstrucción. Mientras el Fondo Patria Milagro ejecuta la inversión estatal cercana al billón de pesos, las empresas y fundaciones canalizan de forma autónoma sus aportes, también por encima del billón de pesos, para ampliar la cobertura de la ayuda a las familias que perdieron sus hogares y sus medios de vida tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.
